Impacto España Noticias
Las acusaciones populares en el caso Koldo, bajo la dirección letrada del Partido Popular, solicitan 30 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y para el que fuera su asesor Koldo García en relación con los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de la que el intermediario Víctor de Aldama era comisionista. Para este último se piden 7 años de prisión por la atenuante de confesión.
Las acusaciones achacan a Ábalos y Koldo pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación, mientras que a Aldama le atribuyen esos mismos delitos, salvo el último.
Así, y ante la elevada pena y después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la convocatoria de una vistilla sobre la libertad de los investigados, las acusaciones reclaman al magistrado Puente que “acuerde la prisión provisional” de Ábalos y Koldo García, “para evitar el riesgo de fuga, dado que el acusado tiene motivación y capacidad para sustraerse a la acción de la justicia, ante la proximidad de una condena”.
En relación con otros hechos que se han incluido en esta parte de las pesquisas, como son las circunstancias que rodearon el rescate de Air Europa y la nota de prensa emitida por el Ministerio de Transportes con Ábalos de titular, las acusaciones populares reclaman la declaración, en calidad de testigo, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al igual que el Ministerio Fiscal, el PP, Hazte Oír, Iustitia Europa y el resto de acusaciones piden que comparezca el ex consejero delegado de Globalia-Air Europa. Francisco Javier Hidalgo.
Montero, también testigo
Otro de los testigos solicitados es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, “mencionada por su relación jerárquica” con su jefe de gabinete, Carlos Moreno Medina.
También reclaman que testifique la ahora líder de los socialistas madrileños y exministra de Industria, Reyes Maroto, por su relación jerárquica con Juan Ignacio Díaz Bidart, a quien reclaman en el mismo sentido su comparecencia. Igualmente en relación con Hacienda, solicitan que deponga el asesor en el Ministerio de Montero, Ignacio Granada, quien habría participado en una de las gestiones que la trama habría realizado para Víctor de Aldama.
También las acusaciones proponen como testigos a la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz, y a su hija Leonor González Pano, y al chófer que supuestamente la trasladó: Álvaro Gallego García.
La petición incluida en su escrito de calificación provisional supera lo reclamado por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito que se conoció este miércoles reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y seis meses para Koldo, además de la imposición de multas por algo más de 3,9 millones de euros a cada uno por cinco delitos diferentes.
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