Impacto España Noticias
Una auditoría externa encargada por el actual Gobierno de las Islas Baleares, presidido por Marga Prohens, ha puesto de manifiesto importantes deficiencias en la gestión de contratos de emergencia para la adquisición de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19, periodo en el que el Ejecutivo autonómico estaba dirigido por la entonces presidenta Francina Armengol.
El informe, elaborado por la consultora Netadia Europa S.L.P., examina 60 contratos de emergencia por importes superiores a 100.000 euros, tramitados entre los años 2020 y 2022, y concluye que en ninguno de los expedientes se justificó adecuadamente la elección de un proveedor único, a pesar de que la normativa vigente exige dicha motivación incluso en procedimientos excepcionales. Asimismo, se identifican casos concretos en los que los precios abonados se situaron muy por encima de los valores de mercado existentes en el momento de la contratación.
Los auditores señalan que el recurso al procedimiento de emergencia, inicialmente amparado por la situación crítica generada por la pandemia, se prolongó más allá de lo estrictamente necesario, especialmente durante 2021 y 2022, cuando ya existía una mayor normalización en el suministro de material sanitario. Esta práctica permitió reducir de forma significativa los controles administrativos y de transparencia sin una justificación suficiente.
Entre las irregularidades más relevantes detectadas figura que en el 66,67 % de los expedientes el informe de necesidad se emitió después de iniciarse la ejecución del contrato, en contra de lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público.
Además, el 97 % de los contratos analizados carecían de formalización escrita, así como de actas de recepción que acreditaran la entrega efectiva y la conformidad del material adquirido. En más del 90 % de los casos tampoco constan albaranes firmados ni documentación que certifique la correcta recepción de los suministros.
El informe también pone de relieve deficiencias graves en materia de publicidad y transparencia. Más de la mitad de los contratos se publicaron fuera de los plazos legales y en el 65 % de los expedientes no consta la publicación de la formalización en el perfil del contratante, lo que dificulta el control público de estas actuaciones.
Asimismo, los auditores advierten de la ausencia sistemática de documentación esencial, como declaraciones de ausencia de conflicto de intereses, acreditación de la solvencia técnica de los proveedores o estudios de mercado previos. En más del 60 % de los expedientes no existe documentación suficiente que permita realizar un seguimiento adecuado de los pagos, lo que compromete la trazabilidad del gasto público.
Aunque el informe reconoce que, en términos generales, muchos precios se situaron en rangos próximos a los del mercado, subraya que la falta de documentación impide evaluar con certeza la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos, así como verificar el destino, reparto y uso final del material sanitario adquirido. Por este motivo, los auditores concluyen que no es posible emitir una valoración definitiva sobre la correcta actuación del Servicio de Salud de las Islas Baleares durante la crisis sanitaria.
La auditoría se enmarca en el contexto de las investigaciones judiciales relacionadas con el denominado caso Koldo, en el que aparecen empresas proveedoras vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia. En este ámbito, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló contactos entre el entorno de Francina Armengol y Koldo García, incluyendo la facilitación del contacto de la entonces consejera de Salud, Patricia Gómez. Posteriormente, empresas como Eurofins Megalab y Soluciones de Gestión S.L. resultaron adjudicatarias de contratos públicos por importes millonarios.
El actual Ejecutivo balear ha puesto a disposición de las autoridades judiciales toda la documentación relacionada con estos expedientes y ha iniciado actuaciones para reclamar el reintegro de fondos públicos correspondientes a contratos en los que se suministró material no conforme, como el caso de mascarillas que no cumplían los estándares exigidos, adquiridas durante el mandato de Armengol y almacenadas sin reclamación durante varios años.
Los auditores recuerdan que la contratación de emergencia es una herramienta excepcional destinada a responder con rapidez a situaciones críticas, pero no exime del cumplimiento de obligaciones legales básicas destinadas a proteger el interés público.
Por ello, recomiendan reforzar los mecanismos de control, documentar de forma completa todas las fases del procedimiento, justificar la selección de proveedores, comparar precios de mercado y limitar el uso de este tipo de contratación a situaciones estrictamente indispensables.
Finalmente, el informe advierte del riesgo que supone normalizar el uso de procedimientos de emergencia en contextos de relativa estabilidad y subraya la necesidad de garantizar que futuras contrataciones se ajusten con rigor a los principios de legalidad, transparencia y buena gestión de los recursos públicos
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