Impacto España Noticias
Cataluña se ha acostumbrado a vivir rodeada de barreras de hormigón. En calles céntricas, mercadillos, fiestas populares y zonas turísticas, los bloques de seguridad forman ya parte del paisaje cotidiano. Bajo el Govern presidido por Salvador Illa, esta normalización de la protección física del espacio público ha venido acompañada de una ausencia casi total de discurso político sobre el motivo real de dichas medidas.
“Nadie olvida el horror de las Ramblas del año 2017. El dolor, el caos y las mentiras posteriores”. Aquel atentado yihadista marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad en Cataluña. Sin embargo, ocho años después, la respuesta institucional parece haberse limitado a gestionar las consecuencias visibles sin afrontar las causas profundas que obligan a mantener la alerta de forma permanente.
Prevención sin explicación
El actual Govern defiende la instalación de barreras y dispositivos de seguridad como una acción preventiva normal en cualquier democracia avanzada. Lo que evita explicar es por qué esa prevención se ha convertido en estructural. La ciudadanía ve los bloques, pero no escucha un relato claro sobre la amenaza que los justifica.
Como ha señalado públicamente la diputada de VOX en el Parlament, Mónica Lora, “nos quieren acostumbrar a vivir con miedo y hacer creer que es normal que se blinden nuestras calles y nuestros mercadillos navideños para que no nos atropellen”. La frase, más allá de su carga política, pone el foco en una realidad incuestionable: cuando el miedo se gestiona en silencio, se convierte en rutina.
Los Mossos lo saben, el Govern calla
“Los expertos lo saben y la Policía también lo sabe. Pero el Govern calla, y cuando se calla es que se es cómplice”. La afirmación de Lora apunta directamente a una brecha cada vez más evidente entre los informes de seguridad y el discurso político. Los Mossos d’Esquadra, como otros cuerpos policiales europeos, trabajan desde hace años bajo protocolos antiterroristas vinculados al yihadismo islamista. Sin embargo, esa realidad apenas se traduce en un posicionamiento político firme.
El Govern de Salvador Illa ha optado por un lenguaje ambiguo, evitando términos como “islamismo” o “radicalización” y refugiándose en conceptos genéricos como “convivencia” o “cohesión social”, la realidad son votos para el PSOE. El resultado es un vacío discursivo que deja a la ciudadanía sin explicaciones claras y sin garantías de que el problema esté siendo abordado más allá del plano material.
Islamismo: la ideología que no se quiere nombrar
Uno de los grandes tabúes de la política catalana actual es la distinción entre islam e islamismo. El islamismo no es una religión, sino una ideología política totalitaria que busca imponer normas religiosas al conjunto de la sociedad y que, en su versión yihadista, justifica la violencia. Negar esta diferencia ha paralizado cualquier debate serio.
“En lugar de expulsar de nuestros pueblos y ciudades al islamismo que pretende hacer desaparecer a nuestra civilización, nos dicen que estemos tranquilos colocando estos bloques de hormigón”. La expresión es contundente, pero señala una contradicción evidente: se actúa como si la amenaza fuera permanente e inevitable, pero se evita confrontarla políticamente.
Barrios sin Estado, ideologías que avanzan
El crecimiento del islamismo no se produce únicamente a través de atentados. Se consolida en espacios donde el Estado pierde autoridad, donde determinadas prácticas contrarias a los valores democráticos se toleran en nombre del respeto cultural y donde la ley se aplica con desigualdad. La falta de control efectivo sobre ciertos entornos facilita la expansión de discursos radicales que rechazan la igualdad, la libertad de expresión y el orden constitucional.
Si Cataluña está hoy llena de barreras, “no es por casualidad”, sino por una acumulación de decisiones políticas que han priorizado no incomodar antes que proteger el marco común de convivencia. La integración no puede basarse en la renuncia a los principios básicos del Estado de derecho.
Salvador Illa y la política de la omisión
Desde su llegada a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa ha insistido en un modelo de gobernanza centrado en la estabilidad y la moderación discursiva. Sin embargo, en materia de seguridad frente al islamismo, esa moderación se ha traducido en omisión. No hay un plan político explícito, no hay un relato claro y no hay una defensa firme del modelo de sociedad frente a ideologías que lo cuestionan.
“No vamos a permitir que Cataluña se convierta en un escenario de guerra islamista contra los nuestros”, afirma Mónica Lora. La frase, polémica para algunos, refleja un malestar creciente en una parte de la sociedad que percibe que el Govern gestiona el riesgo, pero no lo combate.
Seguridad no es solo cemento
La seguridad de los catalanes no puede reducirse a bolardos y bloques de hormigón. Requiere una estrategia integral que incluya prevención, control, aplicación estricta de la ley y un discurso político honesto. Combatir el islamismo no es criminalizar a los musulmanes, sino defender los valores democráticos frente a una ideología incompatible con ellos.
Aceptar vivir blindados como norma implica asumir que el problema no tiene solución. Gobernar consiste precisamente en lo contrario: en identificar las amenazas, nombrarlas y actuar. Cuando el poder político decide callar, otros discursos ocupan ese espacio.
Cataluña se enfrenta a una disyuntiva clara. O se limita a gestionar el miedo mediante medidas visibles pero insuficientes, o afronta de manera directa el desafío que supone el islamismo radical. Como se ha advertido, “o se combate el islamismo o se es cómplice de él”. En democracia, el silencio nunca es neutral. Y en materia de seguridad, suele tener un coste que se paga demasiado tarde.
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