El delito investigado es el de falsificación de documento público, agravado por tratarse de una prueba judicial y afectar a un menor de edad
Investigacion Judicial06 de enero de 2026 LR
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid mantiene abierta desde hace más de dos años una investigación penal contra Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, alto cargo dependiente del Ministerio de Justicia, bajo la responsabilidad política del ministro Félix Bolaños. La causa se centra en la presunta manipulación de una grabación judicial que recoge el testimonio de un menor en el proceso de divorcio de sus padres, tramitado en un juzgado de Valladolid.
La posible alteración de los audios judiciales fue publicada en exclusiva por Impacto España Noticias, destapando un caso de enorme impacto institucional que afecta directamente a la integridad de las pruebas judiciales, al derecho de defensa y a la protección de los menores en el sistema judicial español.
El origen del caso: un audio judicial defectuoso y un “ruido rosa”
El padre del menor, que ejerce la acusación particular, solicitó acceso a la grabación de la exploración judicial practicada a su hijo en sede judicial. El archivo facilitado presentaba una calidad anómala, impidiendo una audición normal del testimonio.
Tras reclamar una copia en condiciones técnicas adecuadas al Centro de Atención de Usuarios (CAU) del Ministerio de Justicia, la respuesta fue especialmente preocupante: no era posible recuperar el audio original.
Ante esta negativa, el progenitor encargó un análisis pericial independiente. El informe concluyó que en la grabación se habría introducido un “ruido rosa”, un sonido artificial que no estaba presente en el entorno original de la exploración judicial, lo que apuntaba a una manipulación posterior del archivo.
El núcleo de la investigación: Justicia Digital y los servidores del Estado
La investigación judicial trata de esclarecer dónde se produjo la alteración y quién tuvo capacidad técnica para realizarla. El foco se sitúa en la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, con sede en Madrid, donde se encuentran los servidores encargados del tratamiento, custodia y validación de archivos judiciales.
El delito investigado es el de falsificación de documento público, agravado por tratarse de una prueba judicial y afectar a un menor de edad.
El entorno directo de Aitor Cubo: el papel de Sofía Puente
En este contexto adquiere especial relevancia la estructura orgánica de la Dirección General investigada. La mano derecha de Aitor Cubo es Sofía Puente, quien ocupa un puesto clave en el organigrama de Justicia Digital y participa directamente en la gestión y supervisión de áreas sensibles del departamento.
Sofía Puente es, además, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, una circunstancia que, sin implicar responsabilidad penal alguna, incrementa el interés público y político del caso, al situar la investigación en el entorno directo de varios miembros destacados del Gobierno.
La presencia de familiares directos de ministros en puestos estratégicos de la Administración, unida a una investigación penal por la presunta manipulación de pruebas judiciales, añade un elemento de máxima sensibilidad institucional que refuerza la necesidad de transparencia absoluta en la instrucción.
La actuación de la Abogacía del Estado y las irregularidades denunciadas
La defensa de Aitor Cubo está asumida por la Abogacía del Estado, que ha solicitado diversas diligencias que la acusación particular considera irregulares y perjudiciales para su derecho de defensa.
Entre ellas destaca que la jueza instructora acordó una diligencia sin dar traslado previo a las partes, aceptando una petición del abogado del Estado para solicitar al juzgado de Valladolid una copia del archivo original de la exploración del menor.
La acusación particular tuvo conocimiento de que ese vídeo había llegado a Madrid únicamente a través de un escrito de la Abogacía del Estado, en el que se afirmaba literalmente:
«Habiéndose recibido ya en autos el vídeo original».
Sin embargo, al padre del menor no se le dio traslado de esa prueba, ni consta que se le notificara formalmente a la Fiscalía. Además, esta actuación no figura reflejada en el expediente judicial electrónico, lo que ha llevado a la acusación a denunciar una situación de indefensión material.
La Audiencia Provincial de Madrid, llamada a decidir
Ante estas actuaciones, la abogada del progenitor ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, denunciando que se ha excluido a la acusación particular de diligencias esenciales, lo que podría dar lugar a la nulidad de pleno derecho y a la retroacción del procedimiento.
Será ahora el órgano superior el que determine si la instrucción ha respetado las garantías procesales o si, por el contrario, se ha producido una deriva incompatible con los principios básicos del proceso penal.
Una pericial controvertida y el respaldo de la Fiscalía
Otro de los puntos más polémicos del procedimiento es la solicitud del abogado del Estado de una pericial ampliada de la Policía Judicial, orientada a determinar si existen metadatos o rastros digitales que permitan atribuir directamente a Aitor Cubo la introducción del “ruido rosa”.
La acusación particular sostiene que esta diligencia desvía el objeto de la investigación, que debe centrarse —según recuerda citando resoluciones de la Audiencia de Madrid— en si la manipulación se produjo en la infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia, bajo responsabilidad directa del director general investigado.
Resulta especialmente llamativo que la Fiscalía haya apoyado esta diligencia en los términos solicitados por la defensa. Para el padre del menor, las implicaciones son “gravísimas”:
o bien el Ministerio Público tuvo acceso a la grabación original excluyendo a la acusación particular,
o bien respaldó la petición defensiva sin base fáctica ni rigor técnico suficiente.
Un caso de máxima gravedad institucional
La investigación que afecta a Aitor Cubo, en un departamento donde su número dos es Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, y bajo la responsabilidad política de Félix Bolaños, trasciende con mucho el ámbito de un conflicto familiar.
Está en juego la credibilidad del sistema judicial, la seguridad de los archivos digitales, la protección de los menores y la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.
Que un alto cargo encargado de la digitalización judicial esté siendo investigado por la presunta manipulación de una prueba judicial es un hecho de enorme gravedad, cuya revelación inicial fue realizada en exclusiva por Impacto España Noticias.
Mientras la causa sigue su curso y la Audiencia Provincial de Madrid decide sobre las irregularidades denunciadas, la pregunta sigue abierta:
¿puede garantizarse la integridad de la Justicia cuando quienes custodian las pruebas judiciales están bajo investigación penal que involucra a mienbros del gobierno socialista?
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
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