Los últimos mapas de capacidad eléctrica de España confirman la saturación del 88 % de sus nudos de tensión. Ello impide ampliar las conexiones para el desarrollo de proyectos de viviendas e industriales
Nacional13 de enero de 2026 Gabriela Moreno
Ver de nuevo a España a oscuras, como sucedió en abril del año pasado, cuando un apagón dejó sin electricidad al 60 % de la población, es una posibilidad que cobra fuerza. Su red está prácticamente congestionada y comenzó el año con la misma presión que provocó ese colapso masivo al mantener saturados el 88,20 % de los nudos donde confluyen tres o más líneas de tensión. La cifra que representa cinco puntos más en comparación con el registro de 83 % que dejó en la sombras al país ibérico.
Los últimos mapas de capacidad de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), a la que pertenecen Endesa, Iberdrola y la multinacional Energía de Portugal (EDP), que procesan el estado de 6.023 subestaciones pertenecientes a 19 distribuidoras, que agrupan el 97% de los puntos de suministro, y muestra tanto la saturación de cada subestación como los MW disponibles, confirman que en Madrid la crisis pasó del 82% en septiembre al 84% en lo que va de enero.
Según un reporte, que divulga las estadísticas que auguran u eventual apagón en España, en Barcelona, el margen pasó en el mismo periodo de 76% al 90%, en Sevilla del 91% al 99%. Málaga y Vizcaya tienen la posición más crítica con el 100% de su red sin disponibilidad. Otras provincias también tienen sus nudos ocupados. Pontevedra y Santa Cruz de Tenerife más de un 5% y Burgos, con alta presencia industrial en el norte de España, tiene el 100%.
Plataformas con vulnerabilidad
La crisis de la infraestructura eléctrica en España que empuja al país a otro apagón es compleja porque además de la congestión, las plataformas comerciales de las compañías operadoras reportan ataques cibernéticos.
En las últimas horas, un hacker identificado como Spain vulneró la base de datos de la empresa Endesa Energía, cuyas redes abastecen a 22 millones de habitantes del país ibérico. La compañía ya reconoció «un acceso no autorizado» que extrajo datos de los clientes relacionados con sus contratos, incluidos el documento de identidad y los medios de pago.
El escándalo es supremo considerando que «el actor malicioso» tendría información sensible» que le permitiría usurpar o suplantar la identidad de los clientes o enviar correos o mensajes fraudulentos dentro de campañas de ‘phishing’ y de ‘spam’.
A ese caótico panorama se agrega la actual incapacidad para ampliar el suministro tras el 2025 cerrar con la aprobación de sólo el 12% de las solicitudes de acceso a la red eléctrica. La cifra equivale al consentimiento de 4,5 gigavatios (Gw) de acceso y conexión de los 40 gestionados antes las distintas compañías.
El 66% restante, equivalente a 25 Gw no han podido ser atendidos, mientras que el otro 22%, equivalente a 8,5 Gw, continúa en tramitación. Con la data pública, queda claro que el problema ya no es de información ni de procedimiento sino de las estructuras de distribución que impiden el desarrollo de nuevos proyectos, entre ellos, de vivienda e industriales.
Gobierno en debate
El asunto es motivo de debate dentro y fuera de La Moncloa debido a las condiciones a favor para otro apagón en España. El mandatario socialista, Pedro Sánchez es el blanco de las críticas por impulsar una nueva metodología de retribución de la red eléctrica que ya fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para el periodo 2026 a 2031 que, en el fondo, retrasará la digitalización de la infraestructura.
El nuevo esquema intenta implementar el modelo totex orientado a la suma de la retribución a la inversión (capex) y la operación y mantenimiento (opex) de la red, con un esquema de incentivos, que se ajusta con un mecanismo de reparto de beneficios entre el distribuidor y el sistema. En teoría, persigue el fomento las inversiones eficientes en nuevas instalaciones, a la vez que se incrementa el uso y la operación eficiente de la red existente. Sin embargo, en la normativa aprobada carece de neutralidad entre el capex y el opex al imponer condiciones a favor del capex.
Si bien las eléctricas tienen una base de activos regulados llamado RAB, que representan el histórico de sus inversiones que les permite un cobro anual por ello hasta por cuatro décadas, esa combinación de activos datan de un distinto momento temporal que cada año se amortiza y deja de cobrar.
Hasta ahora, las empresas podían invertir anualmente en activos compensándolos con aquellos que se amortizaban. Por ejemplo, una eléctrica tenía 100 activos y al amortizar ese año 10 se compensaba invirtiendo con otros 10, por lo que la bolsa continuaba con 100 activos, precisa el medio. El cambio al respecto es profundo.
Las insólitas ideas de Sánchez
Sánchez promueve, en medio de un posible apagón en España a corto plazo, un decreto para incrementar el límite máximo para las inversiones que establece el Ejecutivo en la red, fijado en el cien por cien del 0,13% del PIB en la red de distribución.
Eso significa un giro al proponer que la base de activos no solo se compense con la amortización, sino que además se pueda aumentar dicha bolsa. Por lo que el RAB ya no es de 100 activos, sino que puede ser de 103. Desde el punto de vista del consumidor, esto es un problema, porque el RAB es la bolsa’ financiada año a año que los consumidores pagan a través de los peajes.
Al interior de la CNMC hay división. De hecho, de su cúpula conformada por diez directivos, cinco votaron a favor, tres en contra, uno se abstuvo y otro apeló al voto no emitido en medio de un problema que en cualquier momento podría dejar entre las sombras a España.
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