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Pedro Sánchez ha destinado en noviembre de 2025 un total de 900.000 euros de fondos públicos a un proyecto de cooperación en Bolivia centrado en «Resiliencia y Adaptación Inclusiva basada en Comunidades y Ecosistemas Sostenibles», una decisión que ha generado una fuerte polémica en plena oleada de críticas por el deterioro de las infraestructuras en España.
La transferencia aparece recogida en una convocatoria oficial del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP), fechada el 28 de noviembre de 2025. El documento señala que se trata de una concesión directa de carácter instrumental y que el dinero se entrega como subvención sin contraprestación, con un presupuesto total de 900.000 euros.
La ayuda forma parte de un programa denominado «Convocatoria Instrumental PROTEC Bolivia 2025 RAÍCES», orientado a impulsar proyectos de adaptación climática y sostenibilidad comunitaria en el país iberoamericano. Según la ficha oficial, el objetivo es reforzar la resiliencia de comunidades locales frente al cambio climático mediante actuaciones medioambientales y sociales.
Sin embargo, la publicación de estos datos ha provocado una oleada de críticas en redes sociales y en distintos sectores políticos, que cuestionan la oportunidad de destinar casi un millón de euros al exterior mientras en España se acumulan problemas graves en servicios básicos. En los últimos meses, los incidentes ferroviarios, el estado de la red de transportes y las quejas por falta de inversión en mantenimiento han colocado la gestión de infraestructuras en el centro del debate público.
Los detractores de la medida consideran que este tipo de ayudas internacionales son difíciles de justificar en un contexto de crisis y de carencias internas. «Se envía dinero fuera mientras aquí se caen las vías, las carreteras y los servicios públicos», señalan desde distintos colectivos críticos con la política de cooperación del Ejecutivo.
Desde el Gobierno defienden que estas partidas forman parte de los compromisos de cooperación internacional y de la estrategia española en materia de desarrollo sostenible, y recuerdan que España mantiene programas activos en varios países de Iberoamérica, África y Asia. No obstante, no han ofrecido explicaciones específicas sobre este proyecto concreto ni sobre los criterios utilizados para su concesión directa.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de los fondos públicos y la prioridad de las inversiones, en un momento en el que la presión social por mejorar la seguridad y el estado de las infraestructuras nacionales no deja de aumentar.
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