Los datos oficiales de Eurostat confirman una realidad demoledora: entre 2006 y 2024 se registraron 743 fallecidos por accidentes ferroviarios en la Unión Europea, de los cuales 139 se produjeron en España. Esto representa el 18,7% del total europeo, a pesar de representar únicamente el 8% del total de kilómetros de vía ferroviaria de la UE.
Pero es más, España encabeza así el ranking de países con más víctimas mortales en siniestros ferroviarios. Muy por detrás aparecen Polonia, Francia., Hungría e Italia. Ningún país de nuestro entorno acumula una cifra tan elevada.
Este desastre socialista se produce en un contexto político claro. Entre 2006 y 2011 gobernó el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero. Desde 2018 hasta hoy gobierna de nuevo el PSOE con Pedro Sánchez. A excepción de la época de Rajoy siempre gobernaron los socialistas, responsables directos de las políticas de inversión, mantenimiento y seguridad ferroviaria.
Adamuz: símbolo del abandono socialista
El último episodio trágico tuvo lugar en Adamuz (Córdoba), donde un descarrilamiento provocó la muerte de 46 personas.
El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, afirmó sin rodeos: «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así».
Este desastre socialista de la gestión ferroviaria no responde a un error puntual. Responde a décadas de abandono, falta de inversión real en mantenimiento y obsesión por inaugurar obras visibles en lugar de garantizar la seguridad estructural.
El propio Barrón lo resumió con una frase que retrata el problema: «Los mantenimientos no se inauguran y las mercancías no votan».
Seguridad sacrificada por propaganda política
El desastre socialista de la gestión ferroviaria se explica por una lógica perversa. El Gobierno prioriza proyectos propagandísticos, corredores ideológicos y discursos verdes y climáticos, mientras deja deteriorarse infraestructuras críticas.
La inversión real en conservación de líneas, soldaduras, sistemas de señalización y control se ha visto relegada. El resultado lo pagan los ciudadanos con su vida.
El empleo público crece. El gasto político se dispara. Pero los sistemas básicos fallan. La red ferroviaria envejece sin revisión integral. Los protocolos se aplican de forma desigual. La responsabilidad política se diluye en comisiones y comparecencias vacías.
España no sufre un problema técnico aislado. Sufre un problema estructural de modelo político. El socialismo ha convertido la gestión pública en un instrumento de propaganda y demagogia, no de servicio. ¿los efectos? Desastre tras desastre.
La nefasta gestión ferroviaria refleja el mismo patrón que en sanidad, energía o inmigración: más ideología, menos gestión; más discurso, menos resultados.
Un balance político que exige responsabilidades
Resulta imposible separar los datos de su contexto político. Zapatero, Sánchez como presidentes y ahora Puente como Ministro de Transporte forman parte de una misma cadena de decisiones. Ninguno ha impulsado una auditoría real del estado de la red. Ninguno ha asumido errores estructurales. Mientras tanto, España lidera Europa en muertos por tren. Una posición vergonzosa para un país que presume de alta velocidad, sostenibilidad y movilidad inteligente.
El desastre socialista de la gestión ferroviaria no se corrige con comunicados ni con enfados televisivos o declaraciones demagógicas en el Senado. Se corrige con inversión real, planificación técnica, auditorías independientes y dimisiones cuando fallan los sistemas.
Cada víctima refleja una cadena de decisiones erróneas. Cada muerto demuestra que el sistema no funciona. Y cada comparecencia sin consecuencias confirma que el poder político ha perdido el sentido de su deber esencial: proteger a los ciudadanos.
En cualquier democracia madura, una tragedia como Adamuz habría provocado ceses inmediatos. En la España de Sánchez, provoca ruedas de prensa y culpas difusas. Son ruines y mezquinos.
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