Dicho de otro modo: si el Estado extranjero no contesta, se asume que no hay antecedentes. No porque se haya comprobado, sino porque no se ha podido comprobar
Nacional01 de febrero de 2026
Impacto España Noticias
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso de enorme calado político y jurídico al aprobar un decreto que permitirá la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular. No se trata solo de una decisión ideológica —que ya sería discutible—, sino de algo más grave: una rebaja consciente de los controles básicos del Estado de Derecho, especialmente en lo relativo a la verificación de antecedentes penales.
La clave no está en los titulares grandilocuentes ni en los discursos oficiales, sino en la letra pequeña del decreto. Ahí es donde se revela el verdadero alcance de la medida y el profundo cambio de criterio respecto a regulaciones anteriores.
La presunción de inocencia administrativa… sin pruebas
El decreto introduce un mecanismo excepcional según el cual, si el país de origen de un solicitante no responde en el plazo de un mes a la petición de antecedentes penales —algo frecuente en Estados con administraciones débiles, colapsadas o simplemente no cooperantes—, la Administración española puede dar por cumplido el requisito mediante una simple declaración responsable del interesado.
Dicho de otro modo: si el Estado extranjero no contesta, se asume que no hay antecedentes. No porque se haya comprobado, sino porque no se ha podido comprobar.
Este no es un matiz técnico. Es una inversión radical de la carga de la prueba, que deja de recaer en quien solicita un beneficio administrativo extraordinario y pasa a diluirse en una presunción favorable sin verificación real. El Estado, en lugar de comprobar, opta por creer.
De la excepción a la norma
El Gobierno presenta esta medida como excepcional, pero lo hace al mismo tiempo que anuncia una regularización de, al menos, medio millón de personas. En ese contexto, la excepción deja de ser marginal y se convierte en estructural.
Es ingenuo —o deliberadamente engañoso— pensar que los países de origen responderán de forma ágil y sistemática a cientos de miles de solicitudes en plazos tan breves. El propio diseño del procedimiento asume que no lo harán. Y ante esa previsión, el Ejecutivo no refuerza los mecanismos de control, sino que los sustituye por una declaración unilateral del solicitante.
No se trata de una laguna legal: es una decisión política explícita.
Una rebaja de garantías sin precedentes recientes
Este decreto no nace en el vacío. Sustituye y debilita cautelas que sí estaban presentes en el reglamento aprobado apenas un año antes. Donde antes se exigían mayores comprobaciones y plazos razonables, ahora se impone la rapidez, la masividad y la presunción favorable.
El mensaje es claro: el objetivo no es garantizar que se regulariza a quien cumple los requisitos, sino regularizar cuanto antes y al mayor número posible de personas, aunque ello implique aceptar información incompleta o directamente inexistente.
Ese enfoque no es neutral. Supone asumir riesgos que afectan al conjunto de la sociedad sin un debate público serio y sin transparencia.
El argumento del “no hay antecedentes en España” no basta
Desde el Gobierno se insiste en que los antecedentes en España sí se comprueban. Es cierto, pero insuficiente. Limitar el control penal al territorio nacional ignora una realidad evidente: los antecedentes relevantes pueden haberse producido fuera de nuestras fronteras, especialmente en el caso de personas que llevan poco tiempo en el país.
Un Estado responsable no puede conformarse con no saber. Y mucho menos puede convertir ese desconocimiento en una presunción de limpieza.
Un precedente peligroso
El problema de fondo no es solo esta regularización concreta, sino el precedente que establece. Si hoy se acepta que la falta de respuesta equivale a inexistencia de antecedentes, mañana podrá aplicarse el mismo criterio en otros ámbitos sensibles.
El Estado de Derecho se erosiona no con grandes rupturas, sino con pequeñas renuncias acumuladas. Y este decreto supone una renuncia clara: la renuncia del Estado a verificar de forma efectiva quién accede a un estatus legal privilegiado.
Política de hechos consumados
Pedro Sánchez ha optado por una política de hechos consumados, amparada en un decreto y protegida por la complejidad técnica del texto legal. Se ha evitado el debate profundo, se ha minimizado el impacto real de la medida y se ha presentado como una cuestión humanitaria lo que es, en realidad, una decisión política de alto riesgo institucional.
Regularizar no es integrar automáticamente. Y regularizar sin controles sólidos no es valentía: es irresponsabilidad. Un Gobierno que pide confianza a los ciudadanos no puede, al mismo tiempo, pedirles que acepten que el Estado deje de comprobar lo esencial.
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