Una nueva investigación periodística internacional ha puesto sobre la mesa un presunto escándalo financiero de enorme magnitud que supuestamente involucra al entorno del régimen venezolano, a instituciones europeas y a entidades bancarias de la Unión Europea.
Según informes de medios especializados en investigación y de la Fiscalía General de Bulgaria, cerca de 500 millones de euros procedentes de empresas estatales de Venezuela habrían circulado entre 2017 y 2019 por el banco Investbank, con operaciones fiduciarias opacas y trasiego hacia cuentas offshore sin que se conociera una transparencia pública sobre el destino final de esos fondos.
¿Qué revelan las investigaciones?
La investigación de la Fiscalía de Sofía detalla que:
Entre 2017 y febrero de 2019 se habrían movido cerca de 500 millones de euros a través de 101 cuentas fiduciarias administradas por el abogado búlgaro Tsvetan Tsanev, vinculado también a Investbank.
Los fondos tendrían origen en al menos tres entidades estatales venezolanas: Petróleos de Venezuela (PDVSA), CORPOVEX y Bandes.
Sólo unos 46 millones de dólares fueron congelados tras embargos solicitados por autoridades estadounidenses; el resto habría sido transferido a cuentas en paraísos fiscales y otros destinos internacionales.
La mayoría del dinero no quedó bajo supervisión judicial búlgara, y parte de la investigación fue trasladada a Estados Unidos para su continuación.
El caso desvela un entramado financiero que, de confirmarse, constituiría uno de los mayores flujos de blanqueo no transparente relacionado con Venezuela en Europa en los últimos años.
¿Qué papel jugó la Comisión Europea?
Según los medios que han dado cobertura a esta investigación, y aunque la propia investigación de la Fiscalía de Bulgaria se hizo pública, no ha habido sanciones públicas ni intervención clara de la Comisión Europea ni de supervisores europeos de blanqueo, pese a la magnitud de los flujos financieros. Esto ha generado acusaciones de falta de transparencia y de ocultación o inacción institucional.
Los críticos señalan que la Comisión, en lugar de obligar a una investigación exhaustiva en territorio europeo, supuestamente favoreció que la causa se “centrara” en Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación como Eurojust. Desde este ente se coordina la justicia penal entre países de la UE, pero no existe evidencia oficial de que la Comisión haya actuado con rigor público sobre este caso.
Cabe recordar que tanto Bulgaria como otros Estados miembros han estado incluidos en listas grises de entidades de supervisión internacional sobre blanqueo de capitales, que exigen mayores controles y sanciones.
Un duro recordatorio sobre la geopolítica del blanqueo
Este caso vuelve a poner sobre la mesa cuestiones sensibles como:
La efectividad real de la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE
La coordinación entre fiscalías nacionales, supervisores europeos y aliados como Estados Unidos
El papel de bancos en países con supervisión débil frente a capitales opacos
El uso de instrumentos financieros fiduciarios para ocultar el origen de grandes sumas
Organizaciones internacionales llevan años alertando sobre la necesidad de políticas más estrictas y transparentes que impidan este tipo de operaciones transnacionales, que permiten que capitales de origen dudoso entren y salgan del sistema financiero mundial sin contratiempos.
El debate vuelve a Europa
La difusión de estas informaciones ha encendido el debate en ámbitos políticos y financieros sobre si la Unión Europea está cumpliendo con sus obligaciones de control, prevención y transparencia ante casos de blanqueo de gran escala.
Mientras tanto, la investigación continúa de forma paralela en varios países y podría dar lugar a nuevos desarrollos judiciales y diplomáticos.
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