La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant figura entre los beneficiarios de una vivienda protegida en la promoción Les Naus, un proyecto residencial que se encuentra bajo investigación judicial tras conocerse que varios adjudicatarios mantienen vínculos con administraciones públicas de la provincia de Alicante y de la Generalitat Valenciana.
Se trata de Sira Pérez, funcionaria habilitada nacional que asumió el cargo municipal el pasado mes de octubre. Su regreso al consistorio se produjo después de seis años desempeñando funciones en la administración autonómica, concretamente en la Intervención delegada de los servicios territoriales en Alicante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.
Durante ese periodo, tal como avanza Información.es, ejerció como interventora desde 2019 hasta 2025, primero con el gobierno del Botànic y posteriormente tras el cambio político en la Generalitat.
La promoción de Vivienda Pública Protegida (VPP) Les Naus cuenta con 140 adjudicatarios. El proceso de adjudicación ha despertado polémica tras conocerse que entre los beneficiarios hay empleados públicos con elevados niveles retributivos, circunstancia que ha sido objeto de atención mediática y que ahora también examinan los tribunales.
El caso no se limita a esta funcionaria. También aparece vinculado al residencial el hijo de la concejala de Medio Ambiente y Sanidad de San Vicente del Raspeig, Mercedes Torregrosa, integrante del Partido Popular. Según fuentes consultadas, el joven cumple los requisitos legales exigidos para acceder a este tipo de viviendas, que incluyen no superar determinados niveles de ingresos, no disponer de otra vivienda en propiedad y contar con la nacionalidad española o residencia legal.
Estas mismas fuentes subrayan que cuando se incorporó a la cooperativa promotora, en 2022, su madre no ocupaba ningún cargo político. Torregrosa había abandonado la vida pública en 2019, descontenta con la evolución interna del partido en aquel momento, y no regresó hasta las elecciones municipales de 2023, cuando aceptó formar parte de la candidatura encabezada por el actual alcalde, Pachi Pascual. Durante ese intervalo, no ejerció responsabilidades en ninguna administración.
El límite de ingresos para acceder a este tipo de viviendas fue ampliado por el Consell presidido por Carlos Mazón hasta 54.600 euros anuales, con incrementos adicionales en función de la situación familiar, como la existencia de hijos o personas dependientes. Este cambio normativo amplió el perfil de posibles beneficiarios y ha generado debate sobre si el sistema favorece a sectores con mayor estabilidad económica.
La investigación judicial en curso pretende esclarecer si en el proceso de adjudicación se produjeron irregularidades o conflictos de interés. Mientras tanto, desde distintos ámbitos se insiste en que la clave será determinar si los adjudicatarios cumplían formalmente los requisitos establecidos o si hubo algún tipo de trato de favor en la selección. El caso continúa generando repercusión política y mediática en la Comunidad Valenciana.
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