Sánchez ha concedido, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 1.125.793 euros a la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes entre septiembre y noviembre de 2025. La información figura en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y se suma a cerca de tres millones adicionales que la entidad ha recibido desde 2021 con cargo al erario.
Estas nuevas inyecciones de fondos públicos reavivan la controversia que rodea a la asociación desde 2022. Ese año invitó a Mohamed Said Badaoui, islamista de corriente salafista, a intervenir en una charla universitaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, dentro del IV Congreso Nacional Desmontando la islamofobia.
La Policía Nacional consideró a Said Badaoui un riesgo para la seguridad al atribuirle actividades de carácter «proyihadista«, entre ellas la captación de menores vulnerables de origen marroquí. Tras varios días internado en un centro de extranjeros, fue expulsado a Marruecos el 19 de noviembre de 2022.
Durante el proceso contó con el respaldo de formaciones nacionalistas catalanas, de Unidas Podemos-En Comú Podem y de la propia Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes.
La Audiencia Nacional avaló la decisión del Ministerio del Interior, entonces dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaska, al sostener que la expulsión se apoyó en un informe de la Comisaría General de Información que alertaba de su «radicalismo ideológico«. El tribunal hizo referencia a tareas de «adoctrinamiento» en su entorno mediante la difusión de postulados de carácter proyihadista.
La resolución judicial detalló que Said Badaoui desarrolló durante años actividades de proselitismo y captación, con especial atención a colectivos vulnerables y manipulables, especialmente menores no acompañados de origen marroquí, a los que adoctrinaba en el salafismo más radical.
Más allá del episodio, el volumen de recursos públicos transferidos a la asociación ha ido en aumento en los últimos ejercicios. La primera subvención registrada data del 16 de diciembre de 2021, por importe de 259.091 euros, destinada a programas de integración sociolaboral, retorno, reagrupación familiar y acogida, según la orden publicada en el BOE.
En 2022 recibió 182.658 euros del Ministerio de Derechos Sociales para actividades de interés general y, posteriormente, 495.296 euros del Ministerio de Inclusión también bajo el epígrafe de cohesión social.
El flujo de ayudas continuó en 2023. En septiembre obtuvo 324.828 euros y, un mes después, el Ministerio de Igualdad concedió 127.297 euros para proyectos relacionados con la prevención y sensibilización frente a la violencia contra las mujeres. A finales de ese mismo año, Inclusión autorizó otra transferencia de 575.022 euros.
En 2024 constan nuevas asignaciones: 7.993 euros procedentes del Ministerio de la Presidencia para iniciativas vinculadas al conocimiento y encaje de la diversidad religiosa y, el 24 de septiembre, una subvención adicional de 351.596 euros.
El incremento sostenido de las partidas destinadas a esta entidad, pese a la polémica derivada del caso Said Badaoui, vuelve a situar bajo el foco el destino de los fondos públicos en materia de inmigración y cohesión social.
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