
Dimite el alcalde socialista de La Algaba tras un presunto caso de acoso sexual a un menor
Impacto España Noticias
El alcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera (PSOE), ha presentado su dimisión tras conocerse que está siendo objeto de una doble investigación por un presunto caso de acoso sexual a un menor, abierta tanto por la Fiscalía como por la Guardia Civil. La renuncia llega en medio de la creciente presión política y mediática y con el procedimiento aún en fase de diligencias.
El ya exregidor ha defendido públicamente su inocencia y ha asegurado que las acusaciones responden al “odio” del denunciante, negando de forma tajante haber «acosado, perseguido o coaccionado a ningún vecino». Pese a ello, la apertura de las investigaciones y el impacto institucional del caso han precipitado su salida del cargo.


La causa se encuentra en una fase inicial, en la que los investigadores tratan de esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento judicial. La actuación de la Fiscalía y de la Guardia Civil responde al protocolo habitual en este tipo de delitos, especialmente cuando las diligencias afectan a un cargo público en ejercicio.
La dimisión abre ahora un nuevo escenario en el Ayuntamiento de La Algaba, donde el PSOE deberá reorganizar su estructura de gobierno municipal mientras se resuelve la situación judicial del exalcalde. El caso añade además un nuevo frente de desgaste para los socialistas en el ámbito local, al tratarse de un asunto de gran sensibilidad social y política.
Desde el entorno del ya exregidor se insiste en que no existe ninguna resolución judicial en su contra y que la renuncia responde a la voluntad de no perjudicar a la institución ni al partido, mientras se aclaran los hechos.
La evolución de la investigación será clave para determinar las posibles responsabilidades penales y el alcance de un caso que ha provocado una fuerte conmoción en el municipio sevillano y que vuelve a situar en el centro del debate la exigencia de responsabilidades políticas ante la apertura de procedimientos por delitos de carácter sexual.
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