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España fue durante años uno de los países más seguros del mundo para las mujeres. Los indicadores internacionales situaban al país entre las naciones con mayor protección social, menores niveles de violencia y mejores garantías legales. En 2017, España ocupaba el quinto puesto global en el índice internacional que mide la seguridad, la inclusión y el bienestar de las mujeres.
Hoy la fotografía es distinta.
Ocho años después, España ha caído hasta el puesto 25 del mismo ranking internacional. Un descenso de veinte posiciones que coincide con el periodo en el que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno desde su llegada a Palacio de la Moncloa en junio de 2018.
El retroceso no solo se refleja en los rankings internacionales. También aparece en las estadísticas oficiales sobre delitos sexuales.
El aumento de las agresiones sexuales
Las cifras registradas por las fuerzas de seguridad muestran una tendencia clara. Los delitos contra la libertad sexual han aumentado de forma notable en los últimos años, alcanzando máximos históricos.
En 2024 se registraron más de 22.800 delitos contra la libertad sexual, una cifra que representa un incremento cercano al 66% respecto a 2018, cuando Sánchez llegó al poder. Dentro de ese conjunto se incluyen miles de agresiones sexuales y violaciones.
Las estadísticas reflejan también un incremento constante en las agresiones sexuales con penetración, el delito que el Código Penal identifica como violación. En los primeros meses de 2025 se denunciaron más de 2.600 violaciones, lo que supone un nuevo aumento respecto al año anterior.
Más del 90% de las víctimas de violencia sexual en España son mujeres o menores de edad, lo que confirma que se trata de un problema que afecta principalmente a ellas.
Del liderazgo internacional al retroceso
El descenso en el ranking internacional es especialmente llamativo si se tiene en cuenta la posición que España ocupaba hace menos de una década.
En 2017 el país figuraba entre los cinco primeros del mundo, solo por detrás de países tradicionalmente avanzados en igualdad y seguridad como Islandia, Noruega o Suiza.
Hoy España aparece por detrás de estados como Estonia, Singapur o Emiratos Árabes Unidos en ese mismo indicador global.
Aunque estos rankings combinan diferentes factores —como acceso al empleo, igualdad legal o percepción de seguridad— el retroceso refleja que otros países han mejorado sus indicadores a mayor velocidad.
Las políticas del Gobierno bajo debate
Durante estos años el Gobierno de Pedro Sánchez ha situado el feminismo y la igualdad de género en el centro de su discurso político. De hecho, una de las figuras más visibles de esta agenda fue Irene Montero, quien impulsó algunas de las reformas legislativas más importantes en materia de delitos sexuales.
Entre ellas destaca la llamada ley del “solo sí es sí”, aprobada durante su etapa al frente del Ministerio de Igualdad. La reforma pretendía reforzar el consentimiento como base de los delitos sexuales.
Sin embargo, la aplicación inicial de la norma generó una enorme controversia jurídica después de que cientos de condenados por delitos sexuales vieran reducidas sus penas o incluso fueran excarcelados debido a la revisión de sentencias.
El propio Gobierno tuvo que modificar posteriormente la legislación para corregir esos efectos.
El episodio dejó una profunda discusión política sobre la eficacia de las reformas impulsadas desde el Ejecutivo y sobre la gestión del problema de la violencia sexual.
El debate sobre las causas
Desde el Gobierno se ha defendido en repetidas ocasiones que el aumento de las denuncias podría estar relacionado con una mayor concienciación social y con una mayor disposición de las víctimas a acudir a las autoridades.
No obstante, muchos analistas consideran que la explicación es incompleta. El aumento sostenido de los delitos sexuales durante varios años consecutivos ha alimentado la percepción de que existe un problema más profundo.
La cuestión ya no es solo estadística, sino también política: si las políticas de prevención, educación y seguridad han sido realmente eficaces para reducir este tipo de delitos.
Una preocupación social creciente
Mientras el debate político continúa, la preocupación social no deja de crecer.
Las agresiones sexuales generan un fuerte impacto en la percepción de seguridad, especialmente entre las mujeres jóvenes. Cada nuevo caso que ocupa titulares reabre el debate sobre las políticas públicas y sobre la capacidad del Estado para prevenir este tipo de violencia.
España sigue siendo, en términos generales, uno de los países más seguros del mundo. Pero el aumento de los delitos sexuales y el retroceso en algunos indicadores internacionales han encendido las alarmas.
El reto para el Gobierno de Pedro Sánchez
La seguridad de las mujeres ha sido durante años uno de los argumentos que sustentaban la reputación internacional de España.
El descenso en los rankings y el incremento de las agresiones sexuales plantean ahora un desafío político para el Gobierno de Pedro Sánchez. No solo en términos de imagen exterior, sino en la capacidad real de garantizar que las cifras de violencia sexual dejen de crecer.
Porque detrás de cada estadística hay una víctima. Y la verdadera medida del éxito de cualquier política pública no se encuentra en los discursos, sino en los resultados.
Millones invertidos en políticas feministas y resultados cuestionados
Durante los años de gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha destinado cientos de millones de euros a políticas vinculadas al feminismo institucional, campañas de sensibilización, programas públicos y estructuras administrativas relacionadas con la igualdad de género.
El propio Ministerio de Igualdad, dirigido durante gran parte de esta legislatura por Irene Montero, gestionó presupuestos históricos con el objetivo declarado de reforzar la protección de las mujeres y combatir la violencia sexual.
Sin embargo, la evolución de las cifras plantea una pregunta incómoda: si el gasto público y el aparato institucional han crecido como nunca, ¿por qué los delitos sexuales siguen aumentando?
Las estadísticas hablan que la mayoría de delitos sexuales cometidos en España lo realizan inmigrantes llegados ilegalmente al país, y a su cultura donde las mujeres son meros instrumentos utilizados para los hombres, los musulmanes no respetan los derechos de las mujeres, sin embargo, el feminismo a esto calla
La crítica que plantean muchos sectores es que una parte importante de esos recursos se ha destinado a campañas políticas, subvenciones o programas ideológicos mientras los problemas de seguridad real continúan creciendo.
Para estos críticos, el resultado es una paradoja: mientras el discurso político insiste en que España es un referente internacional en feminismo institucional, las estadísticas muestran un aumento continuado de agresiones sexuales.
El caso de la ley del “solo sí es sí”
El ejemplo más citado por quienes cuestionan la gestión del Gobierno es la ley conocida como “solo sí es sí”, impulsada por el Ministerio de Igualdad durante el mandato de Irene Montero.
La reforma pretendía reforzar la protección de las víctimas y situar el consentimiento en el centro del Código Penal. Sin embargo, su aplicación inicial provocó un efecto jurídico inesperado: cientos de delincuentes sexuales vieron reducidas sus condenas, y algunos incluso fueron excarcelados tras la revisión de sus sentencias.
La polémica alcanzó tal dimensión que el propio Gobierno tuvo que modificar la legislación posteriormente para corregir los efectos de la norma.
El episodio se convirtió en uno de los mayores escándalos legislativos relacionados con la política de igualdad en España y abrió un debate profundo sobre la calidad técnica de las reformas impulsadas desde el Ejecutivo.
Para muchos críticos, este caso simboliza un problema más amplio: una política marcada por el discurso y la confrontación ideológica, pero con consecuencias jurídicas y sociales que han terminado perjudicando la protección efectiva de las víctimas.
Entre el discurso político y la realidad
La protección de las mujeres frente a la violencia es una prioridad indiscutible para cualquier sociedad democrática. Sin embargo, el aumento de las agresiones sexuales y las polémicas legislativas de los últimos años han alimentado la percepción de que las políticas aplicadas no han logrado los resultados prometidos.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez reivindica su agenda feminista como uno de los pilares de su proyecto político, una parte creciente de la opinión pública se pregunta si los recursos públicos y las reformas legislativas están sirviendo realmente para reducir la violencia o si, por el contrario, el problema sigue creciendo pese al discurso oficial.
Porque, al final, más allá de los eslóganes y las campañas institucionales, la verdadera medida de cualquier política pública debería ser una sola: que las mujeres estén más seguras. Y las cifras actuales, para muchos observadores, indican que ese objetivo aún está lejos de cumplirse.
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