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Avanza el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrech (Países Bajos). Los acreedores afectados por los impagos a las renovables derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables han certificado la toma de posesión efectiva del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, en ejecución de las resoluciones dictadas por la justicia neerlandesa dentro del procedimiento de embargo promovido para satisfacer las cantidades adeudadas por el Gobierno de España.
Representantes legales de los fondos acreedores se han personado en el inmueble para formalizar los trámites asociados a la ejecución decretada por los tribunales holandeses, dando así un nuevo paso en el proceso de recuperación de activos, impulsado ante el reiterado incumplimiento de las obligaciones de pago reconocidas en múltiples resoluciones arbitrales y judiciales internacionales por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La legislación holandesa contempla mecanismos especialmente eficaces para la ejecución de créditos reconocidos judicialmente. En este marco, los tribunales pueden otorgar amplias facultades a los representantes encargados de la ejecución, permitiendo la toma de control efectiva de los bienes embargados y facilitando, en su caso, su posterior venta para satisfacer las cantidades adeudadas.
Los fondos acreedores han confirmado que ya se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública. La propiedad cuenta con una valoración próxima a los 10 millones de euros, derivada tanto de su ubicación en una zona de elevado valor inmobiliario de Utrecht como de las características arquitectónicas y patrimoniales del edificio.
De completarse el proceso de venta, la normativa aplicable prevé la plena disponibilidad del inmueble por parte de sus nuevos titulares, incluyendo la adopción de las medidas necesarias para garantizar la posesión efectiva de la propiedad y su utilización conforme a los derechos reconocidos por las resoluciones judiciales correspondientes.
Los inversores afectados por los impagos a las renovables de España subrayan que siempre han mantenido abierta la vía del diálogo y la negociación con las autoridades españolas.
Sin embargo, recuerdan que más de una década después de los recortes retroactivos a las energías renovables continúan sin percibir las compensaciones reconocidas por numerosos tribunales internacionales, circunstancia que ha obligado a recurrir a medidas de ejecución patrimonial en distintas jurisdicciones.
La actuación desarrollada en Países Bajos se suma a una creciente presión judicial internacional sobre España. Recientemente, la Administración de Estados Unidos recomendó al Tribunal Supremo estadounidense que rechace la petición presentada por España para revisar las sentencias que reconocen aproximadamente 700 millones de dólares en créditos a favor de distintos acreedores.
De confirmarse esta posición, quedarían definitivamente consolidadas varias resoluciones favorables a los inversores en territorio norteamericano.
Además, los acreedores han obtenido importantes victorias judiciales en
el Reino Unido, Australia y Singapur, donde los tribunales han reafirmado la obligación de España de cumplir con los laudos arbitrales internacionales. En Bélgica, por su parte, permanecen consignados aproximadamente 250 millones de euros en cuentas judiciales vinculadas a procedimientos de ejecución actualmente en curso.
El importe total pendiente de pago supera los 2.315 millones de euros. Los fondos acreedores recuerdan y advierten que las acciones de recuperación de activos continuarán desarrollándose en aquellas jurisdicciones donde existan mecanismos eficaces para garantizar el cumplimiento de las resoluciones internacionales firmes.
El conflicto de los impagos a las renovables arrancó en 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Con la crisis económica, en 2010 ya recortó unilaterlamente las primas a las inversiones en fotovoltaica, lo que provocó los primeros arbitrajes.
Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, amplió unilateralmente los recortes a todas las inversiones en renovables. Los inversores acudieron masivamente a los tribunales de arbitraje a reclamar indemnizaciones, que les dieron mayoritariamente la razón.
El Gobierno de Pedro Sánchez decidió no pagar esos laudos, lo que obligó a los fondos acreedores a acudir a los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Esas denuncias están dando ahora sus frutos para estos fondos, que están empezando a embargar bienes de España por medio mundo.
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