El grupo parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha logrado sacar adelante una batería de enmiendas al proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) que endurecen los requisitos de acceso a esta prestación social, entre ellas el aumento del tiempo mínimo de residencia en la Comunidad Valenciana exigido para poder percibir la ayuda.
No podrán percibir la ayuda quienes fomenten conductas degradantes hacia la mujer o la infancia, como la imposición de prendas que oculten completamente el rostro —como el burka o el niqab— o prácticas como la mutilación genital femenina.
También refuerzan los requisitos vinculados al respeto a la ley y a la convivencia. No podrán beneficiarse de la RVI quienes hayan cometido delitos contra la libertad sexual, la integridad física, la inviolabilidad del domicilio, homicidio, lesiones, matrimonios ilegales o delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Asimismo, se introduce una medida para evitar que los okupas puedan beneficiarse de ayudas públicas. En caso de que un beneficiario cometa un delito de okupación, la ayuda quedará extinguida y deberá devolver las cantidades percibidas durante el tiempo en que se mantuvo la okupación ilegal.
Las enmiendas aprobadas también establecen nuevos criterios para garantizar que la RVI cumpla su finalidad social. Así, la duración máxima de la ayuda se fija en seis años, con la posibilidad de una prórroga excepcional de hasta tres años en casos debidamente justificados. Durante ese tiempo los beneficiarios deberán seguir un plan de inserción orientado a facilitar su incorporación al mercado laboral, pudiendo compatibilizar la ayuda con el trabajo para incentivar el empleo.
«La normativa ha pasado a convertirse en una herramienta orientada a la verdadera política social: la inserción laboral. La formación defiende que la Renta Valenciana de Inclusión debe servir como un apoyo temporal para quienes lo necesitan, pero siempre vinculada al acceso al empleo. VOX ha impulsado un modelo que prioriza a los españoles«.
En paralelo, el portavoz de VOX en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha denunciado el coste sanitario derivado de la atención a inmigrantes ilegales. Entre 2018 y 2025 el gasto sanitario destinado a este colectivo en la Comunidad Valenciana ascendió a 555 millones de euros.
«Son millones que salen del bolsillo de los valencianos», ha afirmado Llanos, quien ha advertido de que los ciudadanos son «quienes sufren la saturación de los servicios públicos y el incremento de las listas de espera» como consecuencia de la inmigración ilegal masiva.
