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El accidente de Adamuz adquiere una nueva dimensión. La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para determinar si hubo un uso fraudulento de los fondos comunitarios destinados a reparar el tramo donde se produjo el accidente que costó la vida a 46 personas.
El órgano con sede en Luxemburgo indaga la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos. La UE otorgó 111 millones de euros hace año y medio para renovar la infraestructura al apreciar que la conexión «se ha quedado obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española».
La Fiscalía Europea ya se ha dirigido a ADIF y al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), que instruye el caso, para reclamar información. Bruselas concedió el 25 de junio de 2024 una ayuda para financiar «la sustitución de raíles y traviesas» por un importe superior a los 111 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Las obras del trayecto de Adamuz también habrían dispuesto de otra subvención destinada a la mejora de los sistemas de control, mando y señalización.
La existencia de estos fondos determina la competencia de la Fiscalía Europea, que actúa de forma independiente en los Estados miembros a cargo de la UE. La principal hipótesis sobre la causa del accidente en Adamuz se centra precisamente en el mal estado de la vía. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una soldadura defectuosa que pudo provocar el descarrilamiento de los trenes.
El órgano comunitario comenzó las indagaciones una semana después de producirse el accidente en Adamuz. Practicó distintas diligencias antes de abrir la investigación formal. Una de ellas, fue la reclamación de información a la juez de Montoro. Otra, la solicitud de documentación a ADIF, que se encuentra en el foco de las pesquisas. La Fiscalía Europea también envió un oficio a la Dirección General de Fondos Europeos para conocer los detalles de la ayuda concedida.
Las pesquisas de la Fiscalía Europea transcurrirán en paralelo a la investigación del juzgado de Montoro. La Audiencia Nacional también ha asignado ya un juez de garantías. La tarea ha recaído en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, que será el encargado de adoptar medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales o medidas cautelares.
La investigación del accidente abierta en Montoro se centra en la rotura de la soldadura que conectaba dos carriles, uno fabricado en 1989 y otro nuevo. La Guardia Civil ha remitido a la juez un informe en el que advertía de «incongruencias» detectadas en la documentación enviada por Ayesa, empresa encargada de la supervisión de la instalación de las soldaduras.
Como avanzó este medio, el parte original indicaba que se usó una aleación de baja calidad en el punto donde se produjo el accidente. ADIF lo modificó admitiendo que fue un error el 29 de enero el mismo día en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció en el Senado, donde se negó a entregar la documentación relativa al accidente de Adamuz.
La Guardia Civil ya denunció que el administrador de infraestructuras ferroviarias había retirado material clave para la investigación sin autorización judicial.
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