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El Gobierno de Sánchez ha concedido la residencia a aproximadamente 1,3 millones de extranjeros entre 2018 y diciembre de 2025, según datos agregados a partir de estadísticas oficiales. Esta evolución se produce con anterioridad a la «regularización» masiva de inmigrantes ilegales anunciada a comienzos de este año, cuya implementación podría alcanzar a unos 800.000 ilegales.
El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado recientemente cifras actualizadas sobre extranjeros con documentación de residencia en vigor en el territorio nacional. A 31 de diciembre de 2025, el total asciende a algo más de 7,5 millones de personas, lo que supone un incremento interanual del 4,5%.
Dentro de este conjunto, el segmento con mayor crecimiento corresponde a las personas con autorización de residencia. En diciembre de 2018, el número de extranjeros con autorización de residencia se situaba en 2.175.250, mientras que al cierre de 2025 alcanzó los 3.497.284, lo que representa un aumento cercano al 60%. Este incremento se ha producido de forma progresiva a lo largo del periodo analizado.
Por nacionalidades, Marruecos encabeza el número de residentes extranjeros con autorización en vigor, con 862.190 personas, lo que equivale aproximadamente a uno de cada cuatro residentes con permiso. Este colectivo se mantiene como el más numeroso dentro del conjunto de población extranjera en España.
El informe del OPI destaca que la población extranjera presenta una estructura demográfica diferenciada respecto a la población nacional. En este sentido, se señala que la proporción de personas de 65 años o más es significativamente menor entre inmigrantes, situándose en torno al 7%, frente al 23% registrado en la población española.
En relación con el tipo de autorizaciones, el 47% de las personas extranjeras con documentación vigente dispone de autorizaciones de larga duración, que permiten residir y trabajar en condiciones equiparables a las de la ciudadanía española. El 53% restante se distribuye entre autorizaciones temporales, protección internacional o situaciones de apatridia.
En paralelo, también se registra un aumento en el número de ciudadanos de la Unión Europea inscritos en el Registro Central de Extranjeros. Estos pasan de 3.270.531 a 3.804.191 entre los ejercicios comparados, lo que implica un crecimiento del 16%.
Por el contrario, el número de titulares de Tarjeta de Identidad de Extranjero vinculados al Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea experimenta un descenso. A cierre de 2025, se contabilizan 199.469 personas en esta categoría, lo que supone una reducción del 7% respecto al año anterior.
Todo ello se enmarca en el contexto de la «regularización masiva» anunciada recientemente, que prevé establecer procedimientos específicos para la obtención de permisos de residencia a personas en situación irregular que acrediten determinados «requisitos» de permanencia en el país.
El procedimiento contempla la suspensión de medidas administrativas de retorno durante la tramitación de las solicitudes, así como la concesión de autorizaciones provisionales que habilitan el acceso a derechos como trabajar legalmente.
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