Impacto España Noticias
Red Eléctrica de España ha pedido insistentemente al juez de la Audiencia Nacional que investigó el apagón del 28 de abril de 2025 que impida el acceso de las compañías eléctricas a las grabaciones y correos internos relacionados con el incidente que dejó sin suministro a todo el país.
La empresa sostiene que ese material, entregado en su momento a la Policía para su análisis, tiene carácter altamente sensible y confidencial, por lo que no debería incorporarse al procedimiento judicial ni ponerse a disposición del resto de partes. De hecho, también ha solicitado que, una vez concluido el análisis, dichos archivos le sean devueltos.
Este posicionamiento ha chocado frontalmente con los intereses de otras eléctricas. Tanto Iberdrola como Endesa han reclamado poder examinar esa documentación antes de decidir si recurren el archivo de la causa, decretado el pasado 12 de enero tras descartarse la hipótesis de un ciberataque.
Iberdrola fue la primera en mover ficha al detectar que, pese al levantamiento del secreto de las actuaciones semanas antes, no toda la información relevante figuraba en el procedimiento. Por ello, pidió al magistrado que solicitara a la Policía todos los materiales recabados durante la investigación.
Endesa se sumó posteriormente a esta petición, argumentando que el acceso completo a los informes y soportes documentales es imprescindible para ejercer adecuadamente su derecho de defensa. A su juicio, el carácter técnico o sensible de los datos no puede utilizarse como excusa para limitar el acceso a elementos clave que han servido de base para la resolución judicial.
Además, la compañía subraya que esas comunicaciones podrían contener información de gran relevancia pública que ayudaría a esclarecer las causas reales del apagón general.
Frente a estas demandas, Red Eléctrica ha endurecido su postura en varios escritos remitidos al juzgado. En ellos acusa a las otras empresas de intentar utilizar el proceso judicial como vía para acceder de forma indebida a información estratégica. Según su versión, no existe un interés público real detrás de estas solicitudes, sino un intento de obtener datos que puedan ser utilizados en su contra.
La empresa afirma que lleva meses soportando críticas y ataques, especialmente a raíz de declaraciones públicas realizadas tras el apagón, y considera que facilitar ese material agravaría la situación.
El origen de la disputa se remonta a la investigación dirigida por el magistrado José Luis Calama, quien analizó, entre otros elementos, miles de grabaciones —más de 8.000— y cerca de 1.300 correos electrónicos procedentes de los centros de control de Red Eléctrica, correspondientes a los días previos y posteriores al incidente.
Estos documentos fueron clave para que la Comisaría General de Información elaborara su informe y para que el juez concluyera que no había indicios de un ataque informático.
Ahora, con la causa archivada, el enfrentamiento entre las principales compañías del sector eléctrico se traslada al terreno judicial, donde se debate si esa información debe permanecer reservada o ser accesible para todas las partes implicadas.
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