La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) ha presentado una denuncia por prevaricación ante el Tribunal Supremo contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y los miembros de la Mesa del PSOE y Sumar por un «delito continuado de prevaricación administrativa por omisión».
Este colectivo es el primero que lleva ante la Justicia a los socios de Gobierno por bloquear dos iniciativas legislativas para que las ayudas que reciben queden exentas de IRPF.
El «congelador de Armengol» es la gráfica expresión que ha estado utilizando el Partido Popular para describir la insólita situación que se vive en las Cortes durante esta legislatura. La ruptura de la mayoría parlamentaria que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno se rompió con la salida de Sumar de cinco diputados de Podemos que se pasaron al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados y la más llamativa, la ruptura de Junts con Sánchez.
Esta circunstancia abocó a los dos partidos de gobierno, PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa de la Cámara Baja, a prorrogar el plazo de enmiendas de 125 iniciativas legislativas. Una maniobra con la que se dilata el inicio de su tramitación parlamentaria.
Los populares han hecho de esta denuncia una de sus banderas fundamentales en este curso político. En la primera intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado, el pasado mes de septiembre, denunció el bloqueo sistemático de todas las leyes que aprueban, con su mayoría absoluta, en esta Cámara. Pero su denuncia cayó en saco roto.
El margen de maniobra del Grupo Parlamentario Popular es nulo, ya que cuenta con cuatro miembros en la Mesa del Congreso, frente a cinco del PSOE y Sumar. El PP recurrió a la vía del Tribunal Constitucional con un recurso que abrió un nuevo conflicto de competencias entre ambas cámaras y que ha sido admitido a trámite.
A los populares se une ahora en su lucha contra este bloqueo un colectivo de la sociedad civil como son las víctimas de la talidomida, que señalan en su denuncia a Francina Armengol, Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente primero; Esther Gil, vicepresidenta tercera; Gerardo Pisarello, secretario primero; e Isaura Leal, secretaria segunda.
Esta asociación asegura que en el Congreso hay dos iniciativas legislativas con «un objeto idéntico y de extraordinaria simplicidad: la modificación de la Ley del IRPF para declarar exentas las ayudas económicas reconocidas a las víctimas de la talidomida en España», que se encuentran pendientes de tramitación.
Son la Proposición de Ley sobre exención fiscal de las ayudas previstas en el Real Decreto 574/2023, remitida por el Senado con número de expediente 124/000012; y una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados con el número de expediente 122/000205. .
Esta asociación señala en su escrito que «la Mesa del Congreso, con el voto de los denunciados, ha impedido de forma sistemática y continuada la tramitación» de la iniciativa remitida por el Senado y que desde el 14 de junio de 2024, la Mesa «ha acordado la ampliación del plazo de presentación de enmiendas en 63 ocasiones consecutivas, paralizando de facto su avance legislativo, sin que conste causa reglamentaria o jurídica que justifique tal proceder».
En lo que se refiere a la iniciativa del Grupo Popular en el Congreso, indica la denuncia: «Habiendo recibido la conformidad del Gobierno para su tramitación el 18 de septiembre de 2025, no ha sido calificada ni incluida en el orden del día del pleno para su debate de toma en consideración». A juicio de la asociación, y como se recoge en la denuncia, «esta infracción constituye un acto de bloqueo injustificado de la función legislativa».
La asociación envió escritos tanto a la presidenta del Congreso como al secretario general, Fernando Galindo. Incluso Armengol admitió que era consciente de que su respuesta no «puede satisfacer la inquietud de su asociación ni de todas las víctimas para obtener cuanto antes una respuesta legislativa satisfactoria a las reivindicaciones que plantean».
En la denuncia afirman que «la actuación de los miembros querellados de la Mesa del Congreso, consistente en omitir su deber de tramitar e impulsar el procedimiento legislativo, no responde a una mera discrecionalidad política, sino a una voluntad deliberada, consciente y mantenida en el tiempo de impedir que las Cortes Generales se pronuncien sobre una cuestión de interés general».
Una conducta, señala la denuncia, «materializada en acuerdos de prórroga y omisiones de calificación carentes de toda motivación, es arbitraria, contraria a Derecho y lesiva para los derechos de un colectivo especialmente vulnerable, encajando plenamente en el tipo penal de prevaricación administrativa por omisión».
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