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La jurista Sofía Puente, que fue directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública entre 2020 y 2023, firmó una instrucción clave para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en materia de acceso a la nacionalidad española. Puente, además, es hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
El documento, publicado en octubre de 2022, desarrolla los criterios por los que pueden optar a la nacionalidad personas nacidas fuera de España que sean descendientes —hijos, nietos o incluso bisnietos— de españoles que hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad en un contexto vinculado al exilio.
La normativa sitúa ese contexto histórico entre 1936 y 1978, desde el inicio de la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución. Sin embargo, uno de los puntos más debatidos es que la instrucción adopta una interpretación amplia del concepto de exilio, lo que permite incluir supuestos en los que no siempre se exige una acreditación detallada de las circunstancias concretas que motivaron la salida del país.
Expertos en el ámbito diplomático, como Alberto Virella, han señalado que este enfoque facilita el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles emigrados, incluso cuando no queda claramente demostrado que existiera una persecución política. Aun así, recuerdan que la Administración actúa dentro del marco legal vigente y siguiendo las instrucciones aprobadas para su desarrollo.
En la práctica, el proceso ha generado un elevado volumen de solicitudes en la red consular española, lo que ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre el objetivo de reparación histórica de la ley y los criterios aplicados para determinar quién puede beneficiarse de ella.
Tras dejar su cargo en 2023, Sofía Puente fue designada secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, en el Ministerio dirigido por Félix Bolaños. Con una trayectoria consolidada en la carrera fiscal desde 1996, ha ejercido en distintas ciudades y ha ocupado responsabilidades relevantes, incluyendo su etapa como directora del Centro de Estudios Jurídicos y su participación en el Consejo Fiscal.
En relación con la aplicación de esta normativa, también han surgido críticas en el ámbito jurídico y político sobre el modo en que se desarrollaron los criterios de acceso a la nacionalidad. En particular, algunas voces sostienen que la instrucción firmada por Sofía Puente amplió de facto el alcance de la Ley de Memoria Democrática, facilitando la nacionalización de personas que, según estas interpretaciones, no encajarían estrictamente en los supuestos tradicionales de exilio.
A raíz de estas discrepancias, se han presentado denuncias y críticas formales cuestionando este desarrollo administrativo, al considerar que podría no ajustarse plenamente a los procedimientos habituales para la concesión de la nacionalidad en España.
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