La corrupción medioambiental que rodea presuntamente al caso Forestalia sigue generando ondas expansivas en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez. Transición Ecológica ha frenado presuntamente tres proyectos eólicos en respuesta directa al escándalo judicial que investiga a Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio durante la etapa de Teresa Ribera.
Domínguez está siendo investigado por un juzgado de Teruel por haber creado presuntamente «un sistema paralelo» para beneficiar los proyectos de la empresa Forestalia, propiedad de Fernando Samper, a cambio de distintas «contraprestaciones» que incluirían acciones de sus filiales y 5,2 millones de euros canalizados a través de una sociedad constituida por su esposa.
La Guardia Civil también investiga a la actual directora del departamento, Marta Gómez Palenque, por su presunto amparo de estas irregularidades.
La magnitud del escándalo es, presuntamente, proporcional a la codicia que lo rodea. Como ya hemos informado en LB, el Gobierno de Sánchez destina 329 millones a combatir las ‘fake news’ sin detallar beneficiarios, mientras que una trama de corrupción interna presuntamente desviaba millones hacia promotores privados de energías renovables bajo su propio tejado.
El parque eólico El Escudo, ubicado en los municipios cántabros de Luena, Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, fue el primero en ser frenado. La empresa promotora, Biocantaber, recibió una comunicación el pasado 20 de marzo en la que el ministerio paralizaba las obras alegando solicitudes de suspensión pendientes de resolverse.
La empresa asegura desconocer a qué recursos se refiere exactamente el ministerio, en una situación de opacidad que contrasta con el aluvión de permisos que Domínguez habría tramitado presuntamente de forma acelerada y sin registro oficial para Forestalia.
Solo un día después de que la Guardia Civil detuviera a seis personas por el caso Forestalia —entre ellas el propio Domínguez— el 3 de marzo, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable para los parques Bierzo Wind I (42 MW) y Bierzo Wind II (9 MW), ubicados entre las provincias de León y Orense.
La resolución, firmada por Gómez Palenque, alega que los proyectos «causarán impactos adversos significativos sobre el medio ambiente» y los rechaza por su impacto en la flora, la fauna y el paisaje de la zona.
Según las investigaciones de la Guardia Civil, Domínguez no se limitaba a tramitar expedientes de forma irregular. Creaba presuntamente un «trato diferenciado y privilegiado» para Forestalia que comenzaba desde la propia recepción de la documentación: la empresa entregaba sus papeles directamente al exsubdirector, quien los gestionaba al margen de los canales oficiales del ministerio para mantener un control total sobre los plazos y las resoluciones.
Este sistema paralelo habría permitido que Forestalia obtuviera autorizaciones en tiempos record para proyectos que en otros casos habrían encontrado obstáculos insalvables.
El caso Forestalia revela que la corrupción en el sector de las renovables no es una excepción, sino que puede convertirse en un sistema presuntamente institucionalizado. Como hemos analizado, la cultura del derroche y la opacidad se extiende por toda la Administración de Sánchez, desde los ministerios hasta los festines de despedida de sus cargos con dinero público.
La implosión del caso Forestalia ha obligado a la ministra Sara Aagesen a reaccionar. El Ejecutivo ha impuesto nuevas exigencias a los proyectos de renovables, convirtiendo en obligación —y no en mera recomendación— que los beneficios de los parques redunden en el territorio donde se instalan. También ha ampliado ligeramente los plazos de participación pública.
Estas medidas, que deberían haber sido la norma desde el principio, llegan presuntamente cuando el daño ya está hecho y el sistema de corrupción ha quedado expuesto ante la justicia.
VOX exige la comparecencia urgente en el Congreso del Gobierno para que explique qué otros proyectos eólicos y de renovables se tramitaron presuntamente bajo el sistema paralelo de Domínguez, y si Teresa Ribera, hoy comisaria europea, tenía o no conocimiento de lo que ocurría en su propio ministerio. La opacidad del sanchismo en sus negociaciones secretas es el caldo de cultivo idóneo para que estas tramas de corrupción prosperen durante años sin que nadie rinda cuentas.
El caso Forestalia es la cara oculta del relato ecologista del Gobierno de Sánchez. Mientras el Ejecutivo lleva años adoctrinando presuntamente a los españoles sobre la urgencia climática y la necesidad de multiplicar los parques de renovables a cualquier precio, en el interior de su ministerio clave un alto cargo habría presuntamente traficado con esas mismas autorizaciones ambientales por millones de euros.
El negocio de las renovables no solo es de los promotores privados: presuntamente también puede ser de los funcionarios corruptos que tienen la llave de los permisos.
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