
Otro escándalo de Sánchez: Matanzas ilegales de ciervos en una finca del Gobierno que investiga la Guardia Civil

En el PSOE y en el Gobierno de Pedro Sánchez hemos visto de todo: fontaneras, espías, orgías en paradores, ministros colocando prostitutas y amantes en empresas públicas… Pero para darle el toque cañí faltaba una cacería ilegal de ciervos.
Sí, como las que organizaba Franco, ese que tanto critican per hasta imitan en esto, aunque el dictador al menos cumpliría las normas. El escándalo, perpetrado en una finca propiedad del Estado en Ciudad Real, lo está investigando la Guardia Civil, y lo han ocultado tanto el Gobierno de España como el de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page. Para esto ambos enemigos íntimos sí están de acuerdo.


En concreto, la matanza ilegal de ciervos se produjo en una montería celebrada el pasado 25 de enero en la finca pública Dehesa de Castilseras, que está gestionada por la empresa pública Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA), perteneciente al grupo estatal de la SEPI, de unas 9.000 hectáreas. Es decir, es una finca del Estado de propiedad pública que gestiona el Ejecutivo.
En la citada cacería, el Seprona de la Guardia Civil está investigando porque detectó que se mató un 48% más de ejemplares de los autorizados, lo que supone una gravísima infracción de las leyes de caza.
La matanza ilegal de ciervos en la finca pública Dehesa de Castilseras de Ciudad Real ha abierto varios interrogantes importantes. Primero, la falta total de control de la actividad cinegética en una finca gestionada por el Gobierno de Sánchez, donde se cometen ilegalidades alegremente, porque pasarse casi un 50% de ejemplares abatidos no es equivocarse en matar dos de más, es que directamente eso es jauja.
Segundo, si en esa finca se han producido más monterías de ese tipo y a saber qué otras cosas más, que con el historial del PSOE sanchista en paradores, puticlubs y demás, ponte a pensar. Tercero, si se está callando lo ocurrido en esta montería por si ahí asistieron cargos del PSOE o del Gobierno. El silencio del Gobierno de Sánchez como el del ejecutivo autonómico de Page sobre el tema no ayuda precisamente a pensar bien del asunto.
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