La maniobra clave en el caso de Begoña Gómez: el software que evitó registrar en la Complutense

El juez Juan Carlos Peinado ha incorporado una nueva prueba que podría resultar determinante en la investigación que afecta a Begoña Gómez, especialmente en la parte relacionada con el desarrollo de un software. Según el magistrado, existen indicios de que dicho programa no siguió los procedimientos oficiales de la Universidad Complutense de Madrid, lo que apuntaría a una posible intención de uso privado desde el inicio.

En su resolución, Peinado explica que en el seno de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), promovida por Gómez con el asesoramiento de Juan Carlos Barrabés, se desarrollaron varios proyectos, entre ellos una plataforma digital que ocupaba un papel central. Este software habría sido utilizado posteriormente en una empresa vinculada a Gómez, a pesar de que su desarrollo se financió con aportaciones de grandes compañías y mediante iniciativas impulsadas desde la universidad.

El juez señala que la creación de esta herramienta ya figuraba entre los objetivos iniciales de la cátedra y que, desde finales de 2021, Begoña Gómez llevó a cabo gestiones para atraer patrocinadores y apoyos. Sin embargo, destaca que el software nunca fue registrado a través de los mecanismos establecidos por la universidad, en particular mediante la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), encargada de gestionar este tipo de activos.

Según recoge el auto, cuando la OTRI solicitó formalizar la cesión de derechos a favor de la Universidad Complutense, no obtuvo respuesta. Posteriormente, tras conocer este procedimiento, tanto Begoña Gómez como María Cristina Álvarez Rodríguez habrían interrumpido la comunicación con dicho organismo y comenzado a realizar gestiones para asegurar el control privado del software.

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Además, el juez indica que el proyecto fue alojado en un dominio vinculado directamente a Gómez, coincidente con una marca registrada por ella en octubre de 2022 y con el nombre de una sociedad constituida en noviembre de 2023. A juicio de Peinado, este conjunto de actuaciones evidenciaría una estrategia orientada a controlar plenamente el software y su posible explotación futura.

El auto también subraya que el desarrollo de esta plataforma no era secundario, sino una pieza clave dentro de un plan más amplio para generar un activo con valor económico. Este activo consistiría en una base de datos estructurada sobre empresas, susceptible de ser utilizada en actividades como consultoría, formación o certificación, configurando así un ecosistema propio en torno al modelo TSC.

Por otro lado, la OTRI de la Universidad Complutense tiene como función principal proteger y gestionar la transferencia de los resultados de investigación hacia el ámbito empresarial, facilitando la colaboración público-privada. En este contexto, la ausencia de registro del software por esta vía constituye uno de los elementos centrales de la investigación.

Cabe recordar que la Fiscalía de Pedro Sanchez ha solicitado el archivo del caso, lo que pone de manifiesto que existen diferentes interpretaciones jurídicas sobre los hechos, mientras el procedimiento continúa en curso.