Víctor de Aldama acaparó toda la jornada de este miércoles con su extensa declaración ante el Tribunal Supremo. El empresario, para el que la Fiscalía y las acusaciones populares piden siete años de cárcel por su implicación en la trama de corrupción, reveló que entregó alrededor de 1,8 millones de euros al PSOE y que Koldo García le pidió expresamente dinero para el partido de Pedro Sánchez.
Todas estas afirmaciones podrían abocar a la Audiencia Nacional a abrir una investigación formal contra el PSOE por financiación ilegal.
El empresario, considerado pieza clave en el llamado caso Koldo, destapó ante el Supremo un sistema de recaudación de fondos ilegal que implicaría directamente al PSOE.
Durante su comparecencia, Aldama describió una operativa basada en el cobro de comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones públicas. Según su relato, actuó como intermediario entre las constructoras con el objetivo de canalizar aportaciones económicas al PSOE. «Koldo me pidió que hiciera de nexo para que las constructoras donaran dinero al PSOE», afirmó, situando en el centro de la trama a Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.
El empresario explicó que estas aportaciones no respondían a donaciones ordinarias, sino a contraprestaciones por favores administrativos.
«Si les ayudamos a que la ganen, podíamos tener un rendimiento que les hacía falta para la financiación del partido», declaró, en referencia a adjudicaciones públicas. Esta afirmación constituye uno de los elementos clave de su acusación, al vincular directamente contratos públicos con ingresos para el PSOE.
Uno de los aspectos más relevantes de su testimonio fue la cuantificación de las cantidades entregadas. Aldama aseguró que entre 2019 y 2020 aportó alrededor de 1,8 millones de euros al PSOE. «Si miran las cuentas del partido, hay un pico de donaciones importantes de esos meses», afirmó en su extensa declaración.
Además de estas cantidades, Aldama destapó la existencia de pagos en efectivo destinados a distintos miembros de la trama. Según su testimonio, llevaba grandes cantidades de dinero en metálico en «una mochila Montblanc, dentro de bolsas del Carrefour», que entregaba en el Ministerio de Transportes.
Estas entregas se realizaban fuera de cualquier canal legal. «Tienen que pagar en efectivo y ahí entendí que no era una donación al uso y que estamos haciendo una cosa ilegal», reconoció ante el tribunal, reforzando la idea de que se trataba de un sistema de financiación irregular.
El alcance de las acusaciones de Aldama no se limitó al funcionamiento de la supuesta trama, sino que se amplió a los niveles más altos del Gobierno. En su declaración, Aldama situó al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como conocedor de los hechos: «El presidente lo sabía todo».
Aldama fue más allá y desveló un encuentro con Sánchez en el que recibió un reconocimiento por su labor. «Me dio las gracias por el trabajo que estaba haciendo», aseguró, vinculando ese gesto con las actividades que desarrollaba junto a Koldo García.
Las revelaciones de Aldama han abierto un escenario en el que la Audiencia Nacional puede asumir la investigación por financiación ilegal; dependerá de la valoración que se haga de su testimonio y de la aparición de pruebas que lo respalden.
Desde la reforma de 2015, el Código Penal tipifica de forma expresa la financiación ilegal de partidos políticos en su artículo 304 bis. Este delito puede acarrear penas de prisión que oscilan, en función de la gravedad de los hechos, entre los seis meses y varios años, además de importantes multas económicas.
La responsabilidad penal no se limita a la organización política, sino que recae directamente sobre sus dirigentes y responsables económicos, como tesoreros o administradores, quienes pueden ser procesados por su implicación en prácticas irregulares.
En los supuestos más graves, la financiación ilegal suele aparecer vinculada a otros delitos de mayor alcance. Entre ellos destacan el cohecho, cuando existen sobornos a cambio de favores políticos; la malversación de fondos públicos, si se desvían recursos del Estado; y el blanqueo de capitales, cuando se intenta ocultar el origen ilícito del dinero.
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