Impacto España Noticias
La cúpula del Tribunal de Cuentas vivió el pasado martes a puerta cerrada un choque sin precedentes sobre lo más importante que fiscalizan: la llamada Cuenta General del Estado (CGE). Es el mapa global de las cuentas anuales de la Administración Central y todas sus entidades públicas y presenta, entre otras irregularidades, el desvío de los fondos europeos a gastos de otro tipo como complementar el pago de pensiones, según varios consejeros de la institución fiscalizadora.
Así lo confirman distintas fuentes próximas al Pleno del Tribunal de Cuentas conocedoras de la escisión que se ha abierto en el gran examen del año de este organismo compuesto por consejeros propuestos por el Gobierno y el principal partido de la oposición.
El objeto de la polémica es la Cuenta General del Estado de 2024, que acaba de ser fiscalizada y que ha terminado siendo aprobada, pero con una contestación sin precedentes en la cúpula. Los nombrados por el PSOE encabezados por la presidenta, Enriqueta Chicano, tienen mayoría, pero no es normal que tengan que imponerse.
Es tan delicado tumbar nada menos que la CGE que lo habitual es que consejeros de los dos principales partidos la apoyen sin grandes salvedades, gobierne quien gobierne, para evitar un impacto en los mercados. Sin embargo esta vez la luz verde ha sido más difícil que nunca por el inédito choque interno en torno a la calidad de las últimas cuentas del Estado fiscalizadas.
La presidenta del Tribunal de Cuentas suele intentar consensos puliendo documentos, pero no ha podido evitar que los consejeros propuestos por el PP emitieran un llamado «voto concurrente» crítico, totalmente inusual con la CGE.
«No se puede aprobar sin más un informe sobre unas cuentas del Estado deterioradas por la falta de presentación de Presupuestos y que además contienen desviaciones indebidas: el Gobierno está usando fondos europeos para pagar pensiones y otros gastos», coinciden fuentes próximas al ala crítica del Tribunal.
Koldo García grabó a Ábalos durante sus encuentros sexuales con Jésica y Melisa en el piso de AtochaSegún su versión, fondos Next Generation recibidos de Bruselas que no se habían adjudicado aún en 2024 han sido utilizados en otro tipo de gastos estatales. Eso no implica que no se terminen adjudicando, pero de momento, han servido para taponar otras vías de agua. «El Gobierno tenía una limitación para hacer eso, pero no la siguió», reprochan en este bando de la cúpula.
La Comisión Europea ha transferido hasta 55.000 millones de subvenciones y 16.200 millones más en forma de préstamos y el dinero va a una cuenta única del Tesoro, lo que facilita al Gobierno a usar esos recursos en función de sus necesidades más urgentes. Pero eso es irregular para José Manuel Otero Lastres, Elena Hernáez, Rebeca Laliga o Miguel Ángel Torres, actual consejero y previamente fiscal del Tribunal de Cuentas.
Todos ellos, propuestos por el PP, coinciden en que irregularidades como la falta de Presupuestos o este desvío de fondos merecen al menos su voto crítico, el «concurrente», aunque no boicotean la aprobación global del informe siguiendo la tradición habitual del Consejo de dar visto bueno al documento más importante del año.
Solo este movimiento de contestación no tiene ya precedentes, pero hay otro más duro e insólito aún. Otro de los cinco consejeros nombrados por el PP, el economista Javier Morillas, fue aún más lejos que sus compañeros y ha emitido el primer voto en contra de la historia del organismo contra una Cuenta General del Estado. Morillas considera que las salvedades encontradas son suficientes como para rechazar e hizo el paralelismo de que en un consejo de administración de una empresa se tumbarían unas cuentas así presentadas.
Morillas incluye entre las irregularidades, según las fuentes conocedoras, no sólo que se gestione el dinero público sin presupuestos desde la anterior legislatura y se hagan transferencias de crédito indebidas con fondos europeos, sino también cómo está emitiendo deuda el Estado.
Tanto él como el resto de propuestos por el PP coinciden en que el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya presentado Presupuestos para 2024 -tampoco lo ha hecho después- incumple su obligación constitucional. El ala del PSOE, la mayoritaria en un consejo de 12 miembros en total, no entra en esta carencia a la hora de dar su aprobación.
Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas se remiten por su parte a esta semana para dar cuenta públicamente de lo aprobado en el último Pleno.
Este significativo episodio es una nueva muestra de cómo el Gobierno retuerce las reglas y empuja al deterioro a las instituciones del Estado colocando a los propios consejeros que ha nombrado en lamentable situación límite.
Esta semana se cumplen seis años de cuando Pedro Sánchez presidió la reunión virtual de la Ejecutiva del PSOE que aprobó una donación inédita al Instituto Carlos III para que investigara en aquel año trágico vacunas contra el Covid. Según dijo el PSOE entonces, incluía ese dinero más de 400.000 euros donados por militantes y simpatizantes en muestra del «corazón socialista».
Esta donación ha vuelto a la actualidad porque coincide con el año en que Koldo buscó supuestamente donantes para blanquear mordidas al partido. mediante aportaciones 'pitufeadas'. El PSOE admite ese récord de donaciones justo en el año clave de Víctor de Aldama, pero lo justifica con esta recolecta para el Carlos III. La pregunta es si la campaña fue tan exitosa por qué fue el único año de recogida de este tipo para ésta u otras causas nobles.
El día en que concedió su primera entrevista (Cadena Ser) el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, solicitó la llamada cláusula de escape de déficit a la UE para poder invertir más en defensa, pero no lo dijo. Fue el 13 de abril, según ha destapado ahora -y de pasada- el Informe de Progreso Anual remitido a Bruselas en la noche del 30 de abril.
España se une así a los 17 países europeos que la han solicitado y permite no computar hasta un 1,5% del PIB (25.000 millones) en las reglas europeas si se dedica realmente a defensa. Este margen extra puede salvar al Estado de un expediente de déficit excesivo, pero hacer una solicitud de este calibre sin debate público es otra señal de deterioro institucional. Arcadi España ha debutado con un buen tono cortés y moderado inusual en otros ministros, pero con la opacidad que es ya marca de la casa.
Aunque el anterior gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sería, según una encuesta de 'Financial Times', el candidato español más valorado para incluso presidir el Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno se resiste a jugar a fondo su baza. «Tendremos grandes candidatos y uno de ellos es Pablo», ha declarado el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, a 'Bloomberg', sin especificar si maneja también a Nadia Calviño, José Luis Escrivá u otros nombres más próximos al Ejecutivo que Hernández de Cos.
Cuerpo confirmó lo que ya publicó este diario el pasado 19 de febrero de que él mismo se autodescarta para esta carrera que, por otro lado, no es inminente, puesto que Christine Lagarde está asegurando finalmente que quiere agotar su mandato hasta el verano que viene.
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