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La fiscal general del Estado controlada por Pedro Sanchez, Teresa Peramato, ha ordenado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no solicite al Tribunal Supremo una atenuante muy cualificada de confesión para el empresario Víctor de Aldama, pese a que el propio Luzón consideraba que su colaboración había sido «esencial» para destapar la trama Koldo.
La controvertida decisión se produce en un momento de aguda tensión política, días después de que Aldama señalara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el «número uno» de la organización criminal durante su declaración en el Supremo el pasado 29 de abril.
La orden de Peramato impide que Luzón modifique sus conclusiones provisionales respecto a Aldama, a quien el Ministerio Fiscal pide siete años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho continuado y aprovechamiento de información privilegiada, además de una multa de 3.713.981 euros.
Según informan varios medios, la atenuante muy cualificada habría permitido rebajar esa petición a aproximadamente tres años y medio de cárcel, lo que en la práctica podría haber supuesto que el empresario no ingresara en prisión.
La decisión contrasta con el criterio técnico sostenido por la propia Fiscalía Anticorrupción. Antes de que comenzara el juicio oral, Luzón ya había anticipado que estudiaría introducir esa rebaja en las conclusiones definitivas, en función de cómo se desarrollara la declaración del acusado.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal jefe ya calificaba las declaraciones de Aldama de «relevantes y veraces» y subrayaba que no buscaban exculparle, puesto que el empresario admitía «de manera inequívoca su participación» en los hechos que se le atribuyen.
La semana pasada, Aldama compareció durante ocho horas como acusado ante el Tribunal Supremo. Su declaración ha tenido un efecto sísmico en el caso. En ella, el empresario denunció la presunta financiación ilegal del PSOE a través de comisiones de constructoras y de cupos de petróleo venezolano, implicó directamente a Pedro Sánchez como cabeza visible de la trama e involucró a la esposa del presidente, Begoña Gómez, en gestiones relacionadas con unos edificios de la SEPI en el madrileño barrio de Velázquez.
También señaló a ex ministros como María Jesús Montero, Nadia Calviño, Ángel Víctor Torres, la presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol o el propio José Luis Ábalos.
Fuentes de las acusaciones coinciden en que sin la cooperación de Aldama el caso no habría llegado a juicio. El empresario, denominado por la UCO como «nexo corruptor», colaboró con los investigadores desde una fase embrionaria del procedimiento, lo que Anticorrupción ha valorado como una circunstancia que podría justificar una atenuante de mayor intensidad.
Tanto Moncloa como el PSOE han mostrado un fuerte malestar por las manifestaciones de Aldama durante el juicio. En ese contexto, la decisión de Peramato evita, de facto, tener que justificar ante el Gobierno que la nombró una doble rebaja de pena para el empresario que más daño ha hecho con sus declaraciones a las filas socialistas.
La fiscal general no ha ofrecido ningún razonamiento jurídico para sostener su posición, ni públicamente ni de manera interna.
La jerarquía del Ministerio Público obliga a Luzón a acatar la instrucción de su superior. En todo caso, según El Mundo, el fiscal jefe Anticorrupción podría defender en su informe oral ante el tribunal que la colaboración de Aldama merece una atenuante muy cualificada, aunque esa valoración no se traduzca en una modificación formal de sus conclusiones escritas.
La petición de siete años que se mantiene para Aldama es, en todo caso, notablemente inferior a la que pesa sobre los otros acusados principales: 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.
Por su parte, las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular sí tienen previsto pedir una rebaja notable en la pena para Aldama.
En todo caso, el tribunal, no obstante, tiene la última palabra: los magistrados pueden apreciar las atenuantes de oficio, por propia iniciativa, si los hechos probados las justifican.
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