Impacto España Noticias
Manos Limpias ha presentado una denuncia contra la diputada del PSOE y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la presunta utilización irregular de fondos procedentes del mecanismo europeo de recuperación para atender pagos del sistema público de pensiones.
El escrito, presentado ante instancias judiciales y fechado el 6 de mayo de 2026 en Madrid, sostiene que el Gobierno habría destinado recursos vinculados al mecanismo europeo Next Generation EU —concebido para impulsar la recuperación económica tras la pandemia— al pago de compromisos relacionados con pensiones debido a insuficiencias presupuestarias.
La denuncia se formula al amparo del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que obliga a quienes tengan conocimiento de un posible delito público por razón de su cargo, profesión u oficio a ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.
La base argumental del escrito se apoya en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024 elaborada por el Tribunal de Cuentas.
Según recoge la denuncia, en dicho documento se habría constatado una “insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles con las pensiones”, circunstancia que habría llevado al Ejecutivo a aprobar dos modificaciones presupuestarias.
De acuerdo con el texto presentado por Manos Limpias, estas modificaciones ascendieron a:
En conjunto, ambas operaciones sumarían cerca de 2.389 millones de euros financiados mediante créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, integrado en el programa europeo Next Generation EU.
La organización denunciante sostiene que estos fondos estaban vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), diseñado para inversiones estructurales, modernización económica, digitalización y transición energética.
Uno de los ejes políticos y jurídicos del escrito gira en torno a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Manos Limpias considera que la alegación de insuficiencia presupuestaria no puede justificarse por la falta de cuentas públicas actualizadas, al entender que el Gobierno tiene la obligación constitucional y política de presentar nuevos presupuestos ante el Congreso.
Según el sindicato, el Ejecutivo viene prorrogando las cuentas desde 2022, lo que —a juicio de los denunciantes— habría contribuido a tensiones financieras en partidas sensibles como las pensiones.
El escrito recuerda además que la propia organización ya había denunciado previamente esta situación ante la Sala competente.
El núcleo de la acusación reside en la naturaleza finalista de los fondos europeos.
La denuncia sostiene que la normativa comunitaria limita las transferencias internas de crédito dentro del PRTR a finalidades concretas relacionadas con la absorción y ejecución del mecanismo de recuperación, por lo que destinar dichos recursos a pensiones podría vulnerar el marco regulatorio europeo.
Para los denunciantes, la explicación ofrecida por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos —basada en una supuesta excepcionalidad— no sería suficiente para legitimar el movimiento de fondos.
El escrito emplea incluso una expresión coloquial para ilustrar esta tesis: “desnudar a un santo para vestir a otro”, en referencia a resolver una necesidad financiera generando otra distorsión presupuestaria.
La acción judicial atribuye a María Jesús Montero tres posibles ilícitos penales.
En primer lugar, Manos Limpias invoca el artículo 432 del Código Penal español, relativo a la malversación.
La organización argumenta que concurrirían, presuntamente, varios elementos:
El escrito subraya que, según su interpretación, no sería necesario ánimo de lucro directo para apreciar el tipo penal.
Asimismo, se menciona el artículo 404 del Código Penal, referido a la prevaricación administrativa.
Según la denuncia, podría haberse dictado una resolución arbitraria en materia presupuestaria a sabiendas de su injusticia, extremo que debería acreditarse en sede judicial.
Finalmente, el sindicato cita el artículo 252 del Código Penal, relativo a la administración desleal.
En este punto, sostiene que existiría una extralimitación en el uso de facultades de gestión de recursos públicos que habría ocasionado perjuicio patrimonial respecto al destino inicialmente previsto para dichos fondos.
En su escrito, Manos Limpias solicita la admisión de la denuncia y señala expresamente su intención de transformarla en querella si se acuerda la apertura de diligencias penales.
Además, pide que cualquier actuación derivada sea comunicada a la Comisión Europea, al considerar que el objeto del procedimiento afecta a recursos financieros de la Unión Europea.
La eventual intervención de instituciones comunitarias podría añadir una dimensión europea al caso, especialmente en lo relativo al control del uso de fondos Next Generation.
La presentación de esta denuncia añade un nuevo frente judicial y político para el Gobierno y para María Jesús Montero, una de las figuras clave del área económica del Ejecutivo durante los últimos años.
Corresponderá ahora al órgano judicial competente analizar si los hechos descritos presentan apariencia delictiva suficiente para incoar diligencias de investigación o, por el contrario, archivar el procedimiento.
En paralelo, el debate sobre el uso de fondos europeos y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones vuelve al centro de la agenda política, en un contexto marcado por el control de Bruselas sobre la ejecución del PRTR y por la presión presupuestaria derivada del incremento del gasto social.
A la espera de decisiones judiciales, el caso abre una nueva controversia sobre la flexibilidad presupuestaria del Estado, el destino de los recursos europeos y los límites legales en la gestión de fondos extraordinarios de recuperación.
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