Impacto España Noticias
El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha admitido a trámite la querella de VOX contra Ramón Alzórriz, parlamentario foral del Partido Socialista de Navarra y exsecretario de organización, el constructor Carlos Vidaurre y el exgerente de Parquenasa, Rubén González, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
En el auto dictado por la magistrada se incoan diligencias previas y se ordena el traslado de la querella a los querellados no aforados, el requerimiento a la Intervención General del Gobierno de Navarra de los informes elaborados sobre los contratos de reconstrucción de Sendaviva tras el incendio de 2022, y el envío de la documentación a la Cámara de Comptos para que emita un informe sobre la licitud del fraccionamiento de los contratos.
El procedimiento de VOX contra el aforado Ramón Alzórriz se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La querella no ha sido admitida contra el consejero José Luis Arasti Pérez al no haberse aportado inicialmente el poder especial para su interposición, si bien VOX ha anunciado que se trata de un error electrónico que será subsanado en los próximos días.
Desde VOX han exigido que Ramón Alzórriz abandone su acta de parlamentario foral. El presidente provincial de VOX en Navarra, José María García Elorz, ha valorado la admisión de la querella: “Se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias y se deduce una pieza al TSJ de Navarra para investigar al aforado señor Alzórriz, que es la mano derecha de la señora Chivite e íntimo amigo de Santos Cerdán en la época gloriosa en la que se cocía toda la corrupción en Navarra.
Lo hemos dicho desde el principio, VOX va a perseguir los indicios de corrupción ahí donde se presenten y no vamos a parar hasta aclarar toda esta basura, que no es más que un ladrillo más en el inmenso edificio de la corrupción socialista, del PSOE, el partido más corrupto de la historia de España”.
VOX fue la formación que destapó el caso y lo llevó a la justicia en junio de 2025, denunciando la adjudicación “a dedo” a la empresa Adentro Construimos SL (propiedad de Carlos Vidaurre) de cuatro contratos fraccionados por debajo de los 200.000 euros para evitar la intervención de la Mesa de Contratación prevista en la Ley Foral de Contratos Públicos:
Urbanización del acceso al parque (199.999 €), construcción del nuevo edificio de acceso (199.999 €), acondicionamiento de caminos de servicio (190.000 €) y urbanización de la plaza y cimentación de caída libre (199.848,74 €).
Esta empresa fue la misma que reformó el piso de Ramón Alzórriz y la sede del Partido Socialista de Navarra, además de llevarse otras numerosas adjudicaciones de obra pública.
La formación amplió posteriormente la querella, incorporando los informes de la Intervención General del Gobierno de Navarra y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que han detectado indicios de fraccionamiento indebido de contratos y posibles irregularidades en el procedimiento de licitación.
En esa ampliación también se incluye la contratación de Martín Vidaurre Martínez, hijo del constructor Carlos Vidaurre, como asesor en el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Navarra.
García Elorz ha concluido que “esta admisión evidencia la presunta corrupción que ha rodeado al Gobierno de María Chivite en la gestión de fondos públicos en Sendaviva. Exigimos transparencia total y que los responsables políticos asuman sus responsabilidades, empezando por la dimisión de Ramón Alzórriz como parlamentario”.
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