El exdirector de los CDC, Robert Redfield, confirma - BAJO JURAMENTO - que estaban ocultando los efectos secundarios de las vacunas contra el Covid-19

«Siempre he dicho… que mi postura era decir al público estadounidense la verdad: las vacunas tienen efectos secundarios. Diles la verdad y no intentes presentarla de cierta forma»
Salud y Bienestar09 de mayo de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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El Dr. Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), afirmó que el temor de los funcionarios federales a un debate abierto sobre las vacunas contra el COVID-19 probablemente provocó la indecisión generalizada del público a la hora de vacunarse.

En declaraciones a Fox News esta semana, el exdirector de los CDC durante la Administración Trump hizo referencia a una reciente sentencia judicial que determinó que la Administración Biden violó la Primera Enmienda al intentar presionar a las empresas de redes sociales para que bloquearan el contenido en torno al COVID-19, incluidas las vacunas.

Los fiscales generales de Misuri y Luisiana habían presentado una demanda en la que acusaban a la administración de presuntamente amenazar a Facebook, Twitter y otros con demandas antimonopolio u otros cambios legales dirigidos a su responsabilidad.

El Sr. Redfield, virólogo desde hace mucho tiempo, dijo que sabía de personas dentro del gobierno federal que estaban preocupadas por el hecho de que los estadounidenses no quisieran vacunarse contra el COVID-19.

«Siempre he dicho… que mi postura era decir al público estadounidense la verdad: las vacunas tienen efectos secundarios. Diles la verdad y no intentes presentarla de cierta forma», declaró a Fox News.

Profundizando, el exfuncionario federal de salud dijo que el concepto de que la vacuna contra el COVID-19 proporciona una «inmunización[ación] completa» es una «percepción falsa» que, según sugirió, estaba siendo impulsada por otros funcionarios federales. «Hubo tal intento de no dejar que nadie se enterara de que tal vez las vacunas no eran infalibles, cosa que, por supuesto, ahora sabemos que tienen importantes limitaciones», afirmó.

El Sr. Redfield dijo que probablemente los estadounidenses percibieron que no había un discurso abierto u honesto sobre las vacunas y su seguridad, lo que hizo que algunos dudaran en vacunarse. Al mismo tiempo, los mandatos sobre las vacunas impuestos por el gobierno, las escuelas y algunas empresas también erosionaron la confianza del público en torno a ellas, afirmó

«Creo que deberíamos tener realmente confianza y no tener miedo de debatir las cuestiones que creemos que son de interés público y simplemente decir la verdad al público», afirmó el exdirector de los CDC.

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Durante la pandemia, varios profesionales de la medicina, escépticos y periodistas fueron censurados o sus cuentas fueron suspendidas por Twitter, Facebook y sitios web propiedad de Google por cuestionar públicamente la seguridad o la eficacia de las vacunas. 

Por ejemplo, la cuenta de Twitter del periodista independiente Alex Berenson fue suspendida en agosto de 2021 por infringir supuesta y repetidamente las políticas de la empresa en torno a la «información errónea» sobre el COVID-19, mientras que el Sr. Berenson afirmó posteriormente que funcionarios del gobierno habían presionado a la empresa de redes sociales para que se prestaran atención a su cuenta.

Los «Archivos de Twitter», publicados por varios periodistas a partir de finales de 2022, tras la adquisición de la empresa por parte de Elon Musk, revelaron extensas comunicaciones entre varias agencias federales —como el FBI— y ex altos cargos de Twitter. Twitter se conoce ahora como X tras el cambio de marca del Sr. Musk.

Orden judicial
Hace unos días, un tribunal de apelación confirmó parcialmente una sentencia según la cual el gobierno de Biden debía restringir su comunicación con las empresas de redes sociales en relación con las normas de moderación de contenidos de las empresas.

A principios de esta semana, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una moción ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU., con sede en Luisiana, en un intento de buscar claridad sobre la reciente sentencia de la corte, en la que un panel de jueces consideró que la sentencia de una corte inferior en el caso era «más amplia de lo necesario».

El tribunal de apelaciones redujo las restricciones dictadas inicialmente por el juez de la corte inferior, Terry Doughty, de modo que la sentencia del juez sólo puede aplicarse a los CDC, el FBI, la oficina de director de Salud Pública y la Casa Blanca. Significa que esas agencias no pueden comunicarse con empresas de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y otras en relación con sus políticas de contenido.

A principios de año, la corte de distrito impuso restricciones al Departamento de Estado, al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras.

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Pero el panel del tribunal de apelaciones, en su orden del 8 de septiembre, escribió que el tribunal inferior «no se equivocó al determinar que varios funcionarios… probablemente coaccionaron o alentaron significativamente a las plataformas de redes sociales a moderar el contenido, convirtiendo esas decisiones en acciones estatales». Los jueces añadieron: «Al hacerlo, los funcionarios probablemente violaron la Primera Enmienda».

En julio, el juez Doughty de Luisiana concedió una orden judicial y consideró que existían «pruebas sustanciales» de una campaña de censura de gran alcance por parte del gobierno federal, en una sentencia muy firme.

Además, el juez escribió que las «pruebas aportadas hasta ahora describen un escenario casi distópico» en el que «durante la pandemia del COVID-19, un periodo quizá mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el gobierno de Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un orwelliano ‘Ministerio de la Verdad'».

En aquel momento, el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, afirmó que la orden judicial impide que la administración «censure el discurso político fundamental de los estadounidenses comunes» en las redes sociales.

«Las pruebas de nuestro caso son escandalosas y ofensivas, ya que altos funcionarios federales decidieron que podían dictar lo que los estadounidenses pueden y no pueden decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas sobre el COVID-19, las elecciones, las críticas al gobierno y mucho más», declaró Landry en un comunicado. 

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