Impacto España Noticias
Nuevo varapalo a la credibilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mientras el drama de la vivienda asfixia a millones de españoles, el Gobierno ha tenido que confesar ante la Comisión Europea una realidad que trataba de ocultar bajo una espesa capa de propaganda: no cumplirá sus promesas en materia de vivienda social.
El motivo no es otro que la «ingeniería presupuestaria” de María Jesús Montero, quien utilizó los fondos europeos destinados a construir hogares para financiar el pago de las pensiones ante la incapacidad del Gobierno para aprobar unos Presupuestos Generales.
Según los documentos que obran en poder del Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo comunicó el pasado diciembre a Bruselas que dos de sus programas estrella —la construcción de alquiler social en edificios eficientes y la rehabilitación residencial— ya “no son alcanzables en su totalidad”. Se trata de un reconocimiento formal de fracaso en dos áreas críticas para la recuperación económica y social del país.
El origen de este incumplimiento se remonta a la prórroga presupuestaria de 2024. El Ministerio de Hacienda, dirigido por la hoy candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, decidió dar de baja partidas de vivienda que sumaban 1.330 millones de euros.
El objetivo era “hacer hueco” para financiar las subidas de las pensiones de los funcionarios y las mínimas, un movimiento que el Tribunal de Cuentas ha puesto bajo la lupa por posible infracción legal.
La maniobra resulta especialmente sangrante si se atiende al intercambio de escritos entre ministerios. El departamento de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, llegó a certificar que necesitaba “cero euros” de los 1.380 millones asignados originalmente, alegando que se trataba de fondos “sobrantes”. Sin embargo, la realidad desmiente este optimismo oficial: en abril de 2025, estos programas apenas se habían ejecutado al 50%.
Para justificar este hachazo inversor ante la Unión Europea, el Gobierno ha recurrido a una amalgama de excusas técnicas. En la llamada ‘Adenda de Simplificación’, España sostiene que los planes son inalcanzables por la inflación, los problemas en la cadena de suministro y “dificultades técnicas imprevistas”.
Ni una palabra sobre el desvío de los fondos para tapar los agujeros de una gestión económica errática.
Desde organismos técnicos se denuncia que esta opacidad es solo el síntoma de un Gobierno que prioriza la supervivencia política sobre las necesidades estructurales de la nación. Mientras los jóvenes españoles ven imposible el acceso a un hogar, el Ejecutivo sacrifica el ladrillo social para alimentar un gasto corriente que no deja de crecer.
La gran pregunta que queda en el aire, y que el Tribunal de Cuentas deberá dirimir, es si este ‘enjuague’ con dinero comunitario vulnera la propia Ley de Presupuestos, que prohíbe utilizar fondos del Mecanismo de Recuperación para fines distintos a los pactados con Europa. Por ahora, el resultado es claro: menos viviendas, más deuda y una gestión bajo sospecha.
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