Impacto España Noticias
La investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional por el rescate de Plus Ultra ha dado un nuevo vuelco después de que el magistrado José Luis Calama decidiera imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La resolución judicial también coloca bajo el foco a sus hijas, Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa, administradoras de la empresa Whathefav. El auto judicial no sólo apunta al exdirigente socialista, sino que también sitúa bajo el foco a Whathefav, la sociedad administrada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
Según el auto judicial, Whathefav habría recibido importantes cantidades de dinero procedentes de empresas relacionadas con la presunta trama de tráfico de influencias que investiga la Audiencia Nacional. Los investigadores sostienen que parte de esos fondos terminaron en cuentas relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero y con sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El magistrado sostiene que parte de los fondos manejados por distintas empresas investigadas acabaron tanto en el entorno personal de Zapatero como en la mercantil dirigida por sus hijas.
El auto recoge que Análisis Relevante S.L., considerada por los investigadores una pieza relevante dentro de la estructura bajo sospecha, habría transferido cerca de medio millón de euros al expresidente. Además, la misma sociedad habría enviado más de 239.000 euros a Whathefav.
La investigación también menciona operaciones económicas procedentes de otras compañías relacionadas con el entramado, entre ellas Gate Center y varias sociedades integradas en el grupo Thinking Heads, vinculado al empresario Daniel Romero-Abreu Kaup. De acuerdo con la documentación judicial, los pagos realizados por estas entidades terminaron, en parte, en cuentas relacionadas con Zapatero y con la empresa de sus hijas.
Los investigadores consideran especialmente relevante el recorrido del dinero porque, según sostienen, una parte importante de los fondos inicialmente abonados por empresas como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa terminó llegando al entorno familiar del expresidente.
La resolución firmada por el juez Calama describe a Whathefav como una estructura utilizada presuntamente para canalizar fondos y justificar operaciones económicas. El magistrado sostiene que la empresa no desarrollaría una actividad mercantil convencional, sino que habría servido como vehículo para emitir facturación y redistribuir dinero procedente de sociedades investigadas.
En el auto se señala que la compañía desempeñó un papel relevante dentro del supuesto entramado, actuando como un punto intermedio para el movimiento de fondos. La investigación trata ahora de determinar si esos movimientos respondían a servicios reales o si formaban parte de un mecanismo diseñado para dar apariencia legal a determinadas operaciones.
La documentación judicial también analiza los ingresos recibidos por Laura y Alba Rodríguez Espinosa desde cuentas vinculadas a Whathefav. Según el juez, Laura habría percibido más de 247.000 euros entre 2021 y 2025, mientras que Alba habría recibido alrededor de 200.000 euros entre 2023 y 2025.
El avance de la causa provocó una operación policial desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que llevaron a cabo registros en varias sedes empresariales relacionadas con la investigación.
Entre los lugares inspeccionados se encontraba la sede de Whathefav, además de las oficinas de Softgestor y del despacho profesional vinculado a Zapatero. Los agentes contaron con apoyo técnico especializado para la incautación de documentación y dispositivos electrónicos.
La operación se enmarca dentro de las diligencias abiertas para esclarecer posibles delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, organización criminal y otros ilícitos económicos relacionados con el rescate público concedido a Plus Ultra.
En paralelo al avance de la investigación, la empresa Whathefav ha reducido de forma drástica su presencia pública. La sociedad ya no mantiene activa su página web y sus perfiles en redes sociales han desaparecido o permanecen inactivos.
Diversos medios han intentado contactar con la compañía sin obtener respuesta. Tampoco se habrían atendido llamadas ni correos electrónicos enviados para recabar explicaciones sobre las acusaciones incluidas en el auto judicial.
Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil reflejan que la sociedad acumuló ingresos superiores a 1,5 millones de euros entre los ejercicios correspondientes a 2020 y 2024. Esa cifra ha incrementado el interés de los investigadores sobre el origen de los fondos y sobre la actividad real desarrollada por la mercantil durante esos años.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la investigación continúa en fase inicial y todavía no existe una resolución judicial definitiva. La imputación implica que el juez aprecia indicios suficientes para investigar formalmente a los implicados, pero no supone una condena.
Las próximas diligencias serán determinantes para conocer si la Audiencia Nacional considera acreditada la existencia de una red de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra y cuál habría sido el papel concreto desempeñado por las distintas sociedades y personas investigadas.
Mientras tanto, el caso sigue provocando una fuerte repercusión política y mediática debido a la relevancia pública de los nombres implicados y al volumen económico de las operaciones analizadas por la Justicia.
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