Mónica García dice «no» al único fármaco contra el alzhéimer y obliga a los pacientes a pagar 24.000 euros
Impacto España Noticias
El Gobierno de Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Los medicamentos y los pacientes no son su prioridad. Mientras más de 15.000 personas mueren al año por una de las enfermedades con mayor mortalidad, el alzhéimer, el Ministerio de Sanidad ha rechazado su financiación por motivos «financieros» y de «incertidumbre».
Esta patología, que además ha sufrido un aumento muy pronunciado en los últimos años, llegando a duplicarse por el envejecimiento de la población, podría tratarse en España con el fármaco Leqembi (lecanemab), un anticuerpo monoclonal recombinante que ha demostrado ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en un 27 %.


En España, la situación ha sido algo diferente. La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del departamento de Mónica García, ha dicho «no» a su financiación. Situación que ha enfurecido a los familiares de los pacientes y a los propios afectados, ya que esta decisión les obliga a seguir pagando de 24.000 a 45.000 euros anuales al año por enfermo.
Según ha explicado el Ministerio de Sanidad, las razones para no financiarlo en la anterior ronda fue «la incertidumbre de su resultado, la incertidumbre financiera, el hecho de que había otros medicamentos en estudio con resultados similares y el hecho de que la financiación de cualquiera de estos medicamentos requiere cambios sistémicos en los sistemas regionales de salud para poder ser aplicados». También han afirmado que es un expediente que «está vivo», es decir, en curso.
Este anuncio ha decepcionado a la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) que, mediante un comunicado, han expresado su «profundo malestar». Así, han subrayado que el acceso a la innovaciones terapéuticas debería ser una cuestión de «derechos, dignidad y justicia». Además, han recalcado que España y su sanidad deberían ser «los principales aliados de la investigación y de la innovación al servicio de las personas».
A pesar de los intentos del Gobierno por eludir la responsabilidad, lo cierto es que es la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), órgano que decide sobre la financiación pública y precio de cada químico dependiente del Ministerio de Sanidad, quien toma la decisión final.
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