La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya cuenta con un bloque de indicios que considera especialmente sólido sobre el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dentro de las pesquisas del caso Koldo.
Según fuentes próximas a la investigación citadas por LR, los agentes tendrían prácticamente cerrado un nuevo informe sobre el dirigente socialista, aunque ese documento todavía no habría sido remitido al juez instructor.
El retraso en la entrega del atestado se debería, según esas mismas fuentes, al volumen de trabajo que acumula la unidad policial, encargada de buena parte de las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Ese informe recogería nuevas evidencias, al margen de las ya incorporadas en diligencias anteriores, sobre el papel que Torres pudo desempeñar durante su etapa como presidente de Canarias.
El punto central de las pesquisas se sitúa en la adjudicación realizada por el Gobierno canario a Soluciones de Gestión, una de las empresas clave de la presunta trama de mascarillas vinculada a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. La comunidad autónoma contrató con esta mercantil el suministro de cinco millones de mascarillas por 12,3 millones de euros mediante un procedimiento de emergencia durante la pandemia.
Torres todavía no ha declarado como investigado ante el Tribunal Supremo. Sí lo hizo como testigo, por escrito, y en esa comparecencia defendió que su actuación se limitó a comprobar si existían compromisos pendientes de cumplimiento tras las quejas trasladadas por Koldo García, entonces asesor del Ministerio de Transportes. El ministro negó haber dado órdenes, firmado resoluciones o intervenido para favorecer a ninguna empresa.
Sin embargo, la Guardia Civil considera relevantes varios mensajes, conversaciones y movimientos cronológicos que, a juicio de los investigadores, apuntan a una posible implicación del ahora ministro en las gestiones relacionadas con los pagos a la empresa de la red. En uno de los mensajes incluidos en anteriores informes, Torres trasladaba a Koldo que Antonio Olivera iba a ponerse en contacto con él porque estaba «encima» del pago, que el material ya había sido validado y que Hacienda había realizado el trámite para liberarlo.
Olivera era entonces una figura clave dentro del Ejecutivo canario, al ocupar responsabilidades en el Servicio Canario de Salud y en la Viceconsejería de Presidencia. La conversación fue posteriormente reenviada por Koldo García a Víctor de Aldama, considerado uno de los comisionistas centrales de la trama investigada.
El ministro ha mantenido en todo momento que no hubo ninguna conducta irregular. En sede parlamentaria afirmó que «jamás» ordenó contratar con una empresa concreta y rechazó que sus conversaciones con Koldo tuvieran contenido delictivo. Según su versión, el contacto con el exasesor de Ábalos se explicaba por el cargo que este ocupaba en Transportes durante la crisis sanitaria.
Los investigadores, en cambio, han puesto el foco en el tono de confianza que reflejan algunos intercambios. Entre ellos figura un mensaje de Koldo a Torres, fechado en noviembre de 2020, en el que el exasesor le pedía que intentara que se aceptara una determinada propuesta y añadía una expresión de carácter coloquial y explícito que, para los agentes, evidencia una relación más cercana de la que el ministro ha descrito públicamente.
En su declaración escrita ante el Supremo, Torres insistió en que la contratación se ajustó a la legalidad y recordó que auditorías internas, entre ellas las de la Audiencia de Cuentas de Canarias, no detectaron riesgos de irregularidad. A su juicio, el expediente se tramitó con rigor técnico y dentro del marco excepcional provocado por la pandemia.
La UCO, no obstante, ha ido reconstruyendo una secuencia que considera significativa. En otro atestado, los agentes situaron a Torres en una reunión con Víctor de Aldama el 15 de julio de 2020. A ese encuentro también habría asistido, según las pesquisas, Koldo García. El asunto tratado habría estado relacionado con los pagos pendientes a la mercantil vinculada a la trama de las mascarillas.
Esa misma noche, Torres cenó con José Luis Ábalos. Al día siguiente, Aldama le escribió un mensaje identificándose como «Víctor de Air Europa» y recordándole que habían coincidido brevemente la tarde anterior. En esa comunicación, el empresario también le habló de una compañía que ofrecía pruebas PCR y le propuso facilitarle el contacto por si Canarias tenía interés en adquirirlas.
El ministro no aclaró después si llegó a contestar a esos mensajes ni si mantuvo aquella reunión con Aldama. La UCO, además, reflejó que el 18 de noviembre de 2020 Torres pidió a Koldo que le enviara el contacto del empresario, un dato que los agentes incorporan a la cronología de relaciones entre el entonces presidente canario y el entorno de la trama.
Aldama también ha señalado directamente a Torres en sede judicial. En una comparecencia ante el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, el empresario afirmó que el dirigente socialista “debería estar bastante preocupado”. Según su versión, el expresidente canario estaba interesado en lograr una cartera ministerial y entendía que los favores prestados al entramado podían facilitarle ese objetivo político.
El comisionista sostuvo, además, que Torres prefería que Plus Ultra, y no Air Europa, se encargara del transporte de material sanitario hacia Canarias. Aldama vinculó esa posición a supuestas presiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ahora investigado por su presunta influencia en favor del rescate de la aerolínea.
Otro de los frentes abiertos apunta al empresario valenciano José «Pepe» Ruz y a la adjudicación de la reforma del edificio Royal para convertirlo en sede de la Agencia Tributaria Canaria. Aldama implicó a Torres en el supuesto cobro de comisiones ligadas a ese contrato, valorado en siete millones de euros y adjudicado en 2022 a la empresa de Ruz. La compañía obtuvo la máxima puntuación en criterios subjetivos pese a presentar la oferta económica más baja.
La Guardia Civil también ha destacado que la licitación se anunció cuatro días después de una visita a Canarias de Koldo García y del propio Ruz. Los motivos de aquel viaje, según la UCO, no han quedado esclarecidos, lo que ha reforzado el interés de los investigadores por ese episodio.
A lo largo de la causa también se ha conocido que Ángel Víctor Torres mantuvo contacto directo por WhatsApp con Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama en negocios sanitarios y uno de los integrantes del grupo conocido como «los cuatro mosqueteros».
En agosto de 2020, en plena pandemia, el entonces presidente canario le pidió que le enviara información al teléfono porque había hablado con Salvador Illa, por entonces ministro de Sanidad, y veía «buena recepción».
En ese mismo intercambio, Torres facilitó a Díaz Tapia el número de su consejero de Sanidad en Canarias y le planteó seguir hablando sobre posibles avances. Para la UCO, estos contactos, unidos a la contratación de Soluciones de Gestión, los mensajes con Koldo, las referencias a Aldama y la cronología de reuniones y adjudicaciones, conforman un cuadro indiciario que mantiene al ministro bajo el foco de la investigación.
