El asalto al censo electoral: ¿es la nacionalización exprés de la Ley de Nietos la última pata del fraude ‘gota a gota’ de Sánchez?

La nueva operativa de identidad digital que el Gobierno de Pedro Sánchez está desplegando de forma acelerada y opaca ha encendido todas las alarmas en los sectores jurídicos y sociales del país. No se trata de una simple modernización administrativa.

La externalización a la empresa pública Ineco de las concesiones masivas de nacionalidad derivadas de la Ley de Memoria Democrática (conocida como Ley de Nietos), combinada con la implantación del DNI digital y su uso para el sufragio exterior, afecta directamente al núcleo registral del Estado: el denominado DICIREG (Dirección General de los Registros y del Notariado).

Esta maniobra coordinada dibuja un escenario sumamente inquietante. Muchos analistas y expertos consideran que nos encontramos ante la última y más peligrosa pata de un fraude electoral «gota a gota», minuciosamente diseñado por el sanchismo para perpetuarse en el poder mediante la alteración masiva, invisible e irreversible del censo electoral desde el extranjero.

Todo empezó con Zapatero

El origen legislativo del control digital

La concepción originaria de este entramado digital viene de lejos, concretamente de la época del expresidente de gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, según recoge la periodista Isabel Durán en una excelente investigación.

El 21 de julio de 2011, en las postrimerías de su mandato y con el país al borde de la quiebra económica, el Ejecutivo socialista aprobó la Ley 20/2011 del Registro Civil. La nueva norma introducía un cambio radical que rompía con siglo y medio de tradición jurídica: decretaba la desaparición progresiva de los libros físicos y creaba un Registro Civil único y centralizado de carácter electrónico. En este nuevo entorno, se abría un historial individual digital para cada ciudadano, al que se le asignaba un código personal exclusivo.

El freno de Rajoy y la aceleración del sanchismo

Con la llegada del Partido Popular al poder, Mariano Rajoy retrasó varias veces su entrada en vigor debido a los enormes problemas técnicos, presupuestarios y de seguridad que conllevaba la centralización de datos tan sensibles. El Registro Civil continuó funcionando durante años en el tradicional formato papel, apoyado por sistemas híbridos y estructuras descentralizadas controladas estrictamente por jueces y funcionarios de carrera.

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Sin embargo, el gran salto definitivo llegó tras el ascenso de Pedro Sánchez. El 30 de abril de 2021 —diez años después de que viera la luz sobre el papel— entró finalmente en vigor la ley de Zapatero reformada. La norma contó en ese momento con una amplísima mayoría parlamentaria: 253 votos a favor, solo 3 en contra y 0 abstenciones en el Senado. Lo que en aquel momento fue celebrado por todas las fuerzas políticas como un memorable avance de España hacia la modernización tecnológica y la eficiencia burocrática, escondía un reverso oscuro que la oposición no supo prever.

La convergencia de DICIREG y los fondos europeos

Durante los años posteriores se produjo el despliegue definitivo del sistema DICIREG. Financiado con una copiosa lluvia de millones procedentes de los fondos europeos Next Generation, el Ministerio de Justicia acometió una digitalización masiva y una robotización de procesos mediante la implantación de sistemas de Inteligencia Artificial. Lo que nadie pudo imaginar en aquel instante es que este proceso histórico de digitalización de las identidades iba a converger de forma milimétrica con la creación del nuevo DNI digital y con una ofensiva del Gobierno para flexibilizar los controles de acceso a las urnas desde el exterior.

La maniobra ante la Junta Electoral y el fiasco de Interior

El intento de Interior de rebajar los controles de identidad

El plan del Ejecutivo socialista quedó al descubierto cuando el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, pidió expresamente a la Junta Electoral Central (JEC) la validación del DNI digital en el sistema de votación. Lo escandaloso de la propuesta radicaba en que pretendía eliminar por completo los controles de verificación robusta de la identidad del votante; unos estándares de seguridad rigurosos que el propio Ministerio del Interior exige para cualquier trámite administrativo ordinario de los ciudadanos residentes en España.

El veto de la Junta Electoral por falta de seguridad

La jugada maestra consistía en facilitar el voto remoto mediante dispositivos móviles con niveles de acreditación ínfimos. No obstante, las alarmas saltaron cuando una investigación periodística de El Debate destapó de forma irrefutable lo extremadamente sencillo que resultaba falsificar una identidad digital y suplantar a un votante en las urnas electrónicas con el sistema flexible propuesto por Interior. Ante la demoledora evidencia de vulnerabilidad, la Junta Electoral Central se vio obligada a intervenir de urgencia, prohibiendo su uso en las elecciones andaluzas alegando una absoluta «falta de seguridad en la identificación del votante».

El blindaje del sufragio exterior por Real Decreto

A pesar de este severo revés judicial e institucional, el sanchismo no ha renunciado a su hoja de ruta. El Ejecutivo da por sentado que en las próximas elecciones generales la diáspora y los nuevos nacionalizados podrán utilizar el DNI digital para emitir su voto de forma masiva. Para blindar legalmente esta operativa, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que obliga a todas las instituciones y organismos —tanto públicos como privados— a aceptar de forma obligatoria el DNI digital como método de identificación válido, exigiendo la instalación inmediata de lectores de códigos QR. 

La clave de bóveda de este decreto es que especifica explícitamente que dicho documento digital se expedirá en la red de consulados y embajadas de España en todo el mundo. Un salto sin precedentes que traslada la soberanía de la identificación fuera del territorio nacional.

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Expedición de DNIs digitales fuera de nuestras fronteras

El fin de la verificación presencial policial

El decreto del DNI digital incorporó la expedición de los documentos nacionales de identidad por primera vez en la historia fuera de las fronteras españolas. Tradicionalmente, la expedición del DNI requería la presencia física obligatoria del ciudadano en una oficina de la Policía Nacional dentro del territorio nacional, garantizando la toma presencial de huellas dactilares, control biométrico y verificación documental por parte de funcionarios públicos con la condición de agentes de la autoridad.

La disposición adicional cuarta del nuevo decreto dinamita este principio de seguridad al señalar:

«Las personas con nacionalidad española que se encuentren en el exterior podrán solicitar que se les expida el Documento Nacional de Identidad en las embajadas y consulados en los que la Dirección General de la Policía cuente con los recursos técnicos y humanos necesarios para su expedición. Las condiciones en las que la Dirección General de la Policía prestará este servicio se establecerán previo acuerdo del Ministerio del Interior con el Ministerio de Asuntos Exteriores».

Ineco y la privatización de la fe pública registral

Con este paso coordinado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se produce un salto gigantesco en la aceleración exprés del proceso de concesión de nacionalidades en el extranjero mediante la Ley de Nietos. 

El caso del Consulado General de España en Buenos Aires es el ejemplo más alarmante de esta operativa: ante la avalancha insostenible de solicitudes, se ha decidido externalizar la tramitación y validación de expedientes a Ineco, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes —tristemente célebre en las crónicas judiciales por haber mantenido a sueldo a personas vinculadas a las tramas de corrupción del sanchismo sin que realizaran labor alguna—.

Que trabajadores temporales de una empresa pública de transportes, y no funcionarios del cuerpo de la judicatura o diplomáticos, sean quienes revisen, validen e introduzcan los datos en el núcleo registral electrónico español es una temeridad jurídica sin precedentes.

 Estas personas de filiación política incontrolable son quienes están abriendo la puerta de la nacionalidad, del DNI digital y, de forma automática, del acceso directo al censo electoral a cientos de miles de ciudadanos latinoamericanos que jamás han pisado suelo español ni contribuyen al sostenimiento del Estado.

La alteración irreversible del historial digital ciudadano

La gravedad del asunto aumenta de forma exponencial porque la carga documental no se limita a una simple tarea de digitalización o escaneo de papeles antiguos. Los datos validados por el personal externalizado pasan a integrarse de forma automática en el nuevo sistema DICIREG, sustituyendo los antiguos libros físicos.

Se crea así el historial digital individual del nuevo ciudadano en el que se entrelazan de forma irreversible nacimientos, matrimonios y filiaciones, conectando toda esta información sensible con los certificados digitales de la Policía Nacional. En la práctica, se ha permitido que terceros ajenos a la fe pública participen materialmente en la alteración del núcleo identitario y electoral de la Nación.

El eslabón más débil: El asalto invisible al censo electoral

La ausencia de controles de seguridad occidentales

Es fundamental comprender que no estamos hablando de una simple gestión ordinaria de citas previas, de agilizar atascos burocráticos coloniales o de resolver de manera eficiente expedientes acumulados en consulados desbordados.

Estamos hablando, lisa y llanamente, de la creación de nuevas identidades jurídicas soberanas con derecho a voto decisivo. En cualquier democracia occidental madura y homologable, los procedimientos jurídicos que determinan quién adquiere la condición de ciudadano —y por ende, el poder de decidir el gobierno de una nación— exigen las máximas garantías de control, una trazabilidad absoluta y una rigurosa supervisión pública.

Ninguna democracia que se dote de un verdadero Estado de derecho realizaría jamás un proceso de nacionalización de forma exprés o externalizada. Se tomaría todo el tiempo necesario, tal y como ha venido haciendo históricamente la Policía Nacional en España, para controlar exhaustivamente cada expediente de forma individualizada: revisión presencial pormenorizada, compulsa de documentos de origen, verificación de antecedentes y capturas biométricas inalterables. 

Cuanto más se fragmenta y externaliza la cadena documental en subcontratas públicas y personal interino fuera de las fronteras, más expuesto queda el sistema a la corrupción, la falsificación de partidas de nacimiento en terceros países y la introducción de identidades fantasma.

Opacidad y conexiones políticas en la sombra

El problema radica en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado deliberadamente una operativa opaca para intervenir en este proceso extremadamente sensible y se ha negado por completo a dar explicaciones en sede parlamentaria. Por este motivo, el calificativo de «asalto» no es una exageración periodística. Se está ejecutando sin mesura, con prisas injustificadas y de espaldas a los ciudadanos.

Que España avance en la implantación de la identidad digital es un hito técnico innegable que justificaba la inversión de los fondos Next Generation. Sin embargo, cuando en la cúspide de la estructura de control de Ineco el Ejecutivo sitúa a hombres de la absoluta confianza del aparato político socialista —sirviendo de nexo directo entre el sanchismo más radical y el zapaterismo originario— la sospecha de un uso partidista de las instituciones del Estado se convierte en una certeza clamorosa.

Votos líquidos en el censo CERA para adulterar provincias

La absoluta falta de transparencia mostrada por el Consejo de Ministros es inadmisible dadas las graves repercusiones demográficas, fiscales y electorales que este trasvase masivo de identidades proyecta sobre el futuro de España y de la propia Unión Europea.

El impacto es tan profundo que el propio responsable del PSOE en el exterior, el senador socialista César Mogo, no dudó en alardear de ello en una entrevista concedida a una cadena de televisión argentina. Con una frivolidad pasmosa y una preocupante falta de sentido de Estado, el senador llegó a reducir los efectos de esta nacionalización masiva de miles de ciudadanos a una mera ventaja de comodidad para los beneficiarios, destacando que ahora «evitarían las colas de extranjeros en los controles de entrada de los aeropuertos europeos».

¿Votos agradecidos?

Detrás de esa aparente ligereza se esconde la verdadera dimensión de la estrategia: la creación masiva de un bolsón de votos agradecidos en el exterior, gestionados mediante identidades digitales líquidas e incontrolables, capaces de dar la vuelta a cualquier resultado electoral en las provincias españolas más ajustadas. Es el fraude «gota a gota», diluido en la inmensidad del censo de residentes ausentes (CERA), donde la fiscalización por parte de los interventores de la oposición resulta materialmente imposible.

La pregunta clave que la sociedad civil y las instituciones del Estado deben plantearse de inmediato es: ¿Existe todavía alguna manera legal y constitucional de revisar, auditar y frenar este proceso antes de que las urnas queden definitivamente viciadas? Pronto lo sabremos.

Lo verdaderamente grave de la situación actual no es la legítima aspiración de Pedro Sánchez a ganar unas elecciones generales, sino los métodos oscuros, de degradación institucional y de externalización de la fe pública que su Gobierno —cuyos escándalos judiciales cercan ya el entorno directo de la Presidencia— está dispuesto a desplegar con tal de garantizarse una victoria artificial a expensas de la integridad democrática de España.

Cronología para no perderse del asalto al censo

2011 → Zapatero aprueba Ley 20/2011 del Registro Civil

Desde el 2011-2020 → retrasos y bloqueo del despliegue

En 2021 → comienzan despliegues reales DICIREG

2022 → Ley de Memoria Democrática

Desde 2023-2026 → explosión de nacionalizaciones masivas

2025 → Real Decreto DNI digital

En 2026 → aceleración consular + externalización el proceso en Buenos Aires

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