La trazabilidad de una parte de los fondos públicos destinados a cooperación internacional por parte del Gobierno de Sánchez sigue siendo más que polémica.
España destinó durante 2025 alrededor de 4.500 millones de euros a actuaciones vinculadas con la cooperación internacional para el desarrollo. Parte de estos recursos se gestionan a través de fórmulas de cooperación delegada de la Unión Europea, mecanismo mediante el cual agencias nacionales ejecutan programas financiados con recursos comunitarios.
En este ámbito, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, participa en la gestión del denominado Pacto de los Alcaldes en África Subsahariana, iniciativa orientada a impulsar políticas locales relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático.
La información publicada en la página web de la AECID y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones permite identificar diversas transferencias registradas durante los meses de mayo y junio de 2026. Entre ellas figuran 426.500 euros destinados a la Región de Nuakchot, en Mauritania; 562.200 euros a la Agencia Metropolitana del Transporte de Maputo, en Mozambique; 1,325 millones de euros a la Alcaldía de Pikine, en Senegal; 709.262 euros a la Alcaldía de Dakar, también en Senegal; y 450.000 euros a la Facultad de Derecho de la Universidad Eduardo Mondlane, en Mozambique.
Estas cantidades forman parte de un programa cuyo volumen global asciende a 30 millones de euros, según la información difundida por la AECID. No obstante, la relación completa de beneficiarios y desembolsos asociados al proyecto podría ampliarse conforme se incorporen nuevas publicaciones y registros administrativos.
Los órganos de control han venido insistiendo en la necesidad de reforzar los sistemas de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de la ayuda oficial al desarrollo.
Entre las recomendaciones recurrentes se encuentran la mejora de los indicadores de resultados, una mayor homogeneidad en la información reportada por los ejecutores y el fortalecimiento de los mecanismos de verificación sobre el uso efectivo de los recursos públicos transferidos a terceros países o entidades internacionales.
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