Los agentes analizan documentación vinculada a miembros de la trama relacionada con el exministro José Luis Ábalos y estudian si parte de esos documentos se elaboraron para justificar determinados pagos.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantiene abierta una pieza secreta centrada en los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024. El magistrado acordó el secreto de las actuaciones debido a la naturaleza de los hechos investigados y a la documentación aportada al procedimiento.
Los agentes revisan de forma detallada todas las facturas relacionadas con personas que aparecen en el entorno de la trama investigada. Durante ese análisis, la UCO identificó 52 documentos del PSOE que han despertado sospechas por su contenido, formato y circunstancias de emisión.
La investigación busca determinar si las facturas responden a servicios efectivamente prestados o si alguien las elaboró para respaldar documentalmente determinados movimientos económicos. Los investigadores también analizan el origen de los pagos y la relación de las operaciones con las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional.
Las pesquisas se desarrollan en paralelo a otras líneas de investigación relacionadas con el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Según las informaciones incorporadas a la causa, los investigadores intentan reconstruir el recorrido de distintas cantidades de dinero y verificar la documentación asociada a esos movimientos.
Parte de la documentación que ahora examina la UCO ya había sido objeto de requerimientos previos por parte del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador solicitó información a varias empresas que habían emitido facturas al PSOE durante los ejercicios 2021 y 2022.
Entre los datos reclamados figuraban las fechas de las operaciones, los importes abonados y los métodos de pago utilizados en cada caso. El Tribunal de Cuentas pidió esa información para comprobar la trazabilidad de las operaciones reflejadas en la contabilidad del partido.
La documentación examinada incluye gastos asociados a restaurantes y otros establecimientos frecuentados por miembros de la trama investigada. Entre ellos figura el restaurante madrileño La Tragantía, donde aparecen decenas de facturas abonadas durante un periodo inferior a un año.
Los agentes también revisan los métodos de pago empleados. Según la documentación incorporada al procedimiento, el PSOE abonó algunas facturas mediante transferencia bancaria y realizó otros pagos en efectivo. La UCO verifica actualmente cada una de esas operaciones y analiza la documentación asociada a las mismas.
Los investigadores estudian además si los importes reflejados en algunas facturas coinciden con los servicios prestados y comprueban si la documentación mercantil responde a operaciones reales. La Guardia Civil mantiene abierto ese análisis mientras continúa recopilando información dentro de una causa que permanece bajo secreto judicial.
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