El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha impulsado la creación de un grupo de trabajo para declarar constitucional que Pedro Sánchez gobierne sin Presupuestos

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha creado un grupo de trabajo para declarar constitucional que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez gobierne sin presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado. Mientras tanto, Sánchez anunció la semana pasada que el Ejecutivo iniciaba la tramitación para aprobar los Presupuestos Generales de 2027, los primeros de la legislatura tras prorrogarlos desde 2023.

El Pleno del TC aprobó por unanimidad hace meses admitir a trámite el conflicto de atribuciones promovido por el Senado frente al Ejecutivo socialista por incumplir su deber de presentar a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos. Conde-Pumpido estudia la fórmula para que el Tribunal de Garantías avalase que Sánchez pueda gobernar sin nuevos presupuestos.

El artículo 134.3 de la Constitución Española establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

Fuentes del TC consultadas  afirman que "Conde-Pumpido ha creado un grupo de trabajo para que estudien todos los conflictos de atribuciones presentados por el PP y el Senado. Dicho grupo está integrado por letrados izquierdistas del Constitucional que ya participaron en su día en otro grupo de trabajo para avalar la constitucionalidad de la Ley de Amnistía del 1-O del Gobierno de Sánchez".

"Este grupo de trabajo estudiará los argumentos legales para avalar en el TC que el Ejecutivo socialista no haya presentado nuevos Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años y pueda seguir gobernando sin que resulte inconstitucional. No se descarta que el dictamen final incluya una pequeña advertencia a Sánchez sin más consecuencias sobre la importancia de aprobar los Presupuestos", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que "Conde-Pumpido ya avaló el abuso del decreto-ley por parte del Gobierno socialista que permite a Sánchez gobernar a base de decretazos, omitiendo el control parlamentario. Todo ello, con el pretexto de una supuesta urgencia. Ahora, si el presidente del Tribunal Constitucional consigue sacar adelante un aval a que Sánchez pueda gobernar sin aprobar los Presupuestos Generales, supondría la consolidación de un régimen autocrático y autoritario en España al margen de la democracia y el Estado de Derecho".

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El Senado con mayoría del PP considera que la inacción del Gobierno de Sánchez, que ya ha prorrogado los Presupuestos en 2024 y 2025 y aún no ha presentado los del año en curso, vulnera las prerrogativas que establece para el Parlamento el artículo 134.5 de la Constitución. Aquí se establece que "aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario".

"Todas las modificaciones presupuestarias que se están realizando de los presupuestos prorrogados de 2023 suponen un fraude de ley a la obligación constitucional de presentación de unos nuevos presupuestos y vulneran la competencia legislativa del Senado", sostiene el citado conflicto de atribuciones.

La aspiración de Conde-Pumpido en el Consejo de Estado

En la futura sentencia el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre las tres peticiones del Senado. En primer lugar, sobre el incumplimiento del Gobierno de su deber constitucional de presentación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026 y si el uso de la prórroga vulnera la atribución constitucional del Senado.

En segundo lugar, la petición de la Cámara Alta para que se declaren inconstitucionales y nulas las prórrogas de la Ley de Presupuestos para el año 2023. Finalmente, el Senado pide que se señale un plazo máximo para la presentación del proyecto de los Presupuestos para 2026.

Cabe destacar que el presidente del TC sigue pujando para poder optar a un cargo en el Consejo de Estado. Concretamente, el que ocupa en la actualidad la exvicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega.

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