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La Unión Europea (UE) ha puesto en marcha este viernes el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, una reforma que supone el mayor endurecimiento de la política migratoria comunitaria en décadas. Tras años de negociaciones y desacuerdos entre los Estados miembros, Bruselas ha optado por reforzar el control de las fronteras exteriores, acelerar la resolución de solicitudes de asilo y facilitar la expulsión de inmigrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo.
La Comisión Europea presenta el pacto como una respuesta a los problemas que arrastra el sistema migratorio desde la crisis de 2015, cuando varios países denunciaron que la carga de la inmigración recaía principalmente sobre los Estados situados en las fronteras exteriores de la Unión.
El nuevo marco normativo entra ahora en vigor de forma obligatoria para todos los países miembros y obligará a modificar procedimientos, infraestructuras y sistemas de control fronterizo.
Una de las principales novedades es la creación de un procedimiento común para toda la Unión Europea en materia de control fronterizo. Los inmigrantes que entren de forma irregular deberán someterse a procesos de identificación más exhaustivos, controles de seguridad, reconocimientos médicos y registros biométricos que se realizarán en instalaciones situadas junto a las fronteras exteriores.
Además, Bruselas pretende reducir drásticamente los tiempos de resolución de las solicitudes de asilo. En determinados casos, los expedientes deberán resolverse en apenas doce semanas, muy lejos de los plazos actuales, que en muchos países pueden prolongarse durante meses o incluso años. La reforma también facilita la devolución de quienes no cumplan los requisitos para obtener protección internacional.
El pacto introduce el denominado principio de «ficción de no entrada», una fórmula jurídica que permite considerar que un inmigrante interceptado en frontera todavía no ha accedido formalmente al territorio de la Unión Europea.
En la práctica, esta medida facilita la expulsión de quienes vean rechazada su solicitud de asilo y reduce las posibilidades de permanencia prolongada mientras se tramitan los expedientes.
La Unión Europea también ha elaborado una lista de países considerados seguros, entre ellos Marruecos, Colombia, Egipto, India o Túnez. Los ciudadanos procedentes de estos Estados tendrán más dificultades para obtener protección internacional, ya que Bruselas parte de la premisa de que no sufren una situación generalizada de persecución o conflicto.
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que aplicará el nuevo pacto migratorio, ha marcado distancias con una de las iniciativas que varios países europeos consideran fundamentales para reducir la inmigración irregular. España ha rechazado la creación de centros de retorno en terceros países, un modelo similar al impulsado por Italia mediante acuerdos con Albania y que cuenta con el respaldo de varios gobiernos europeos.
La medida forma parte de la nueva estrategia comunitaria para aumentar la eficacia de las expulsiones y evitar que los inmigrantes cuya solicitud ha sido rechazada permanezcan durante años dentro de la Unión. Sin embargo, el Ejecutivo español considera que esta fórmula plantea problemas jurídicos y de garantías para los afectados.
Desde una perspectiva crítica con la inmigración irregular, numerosos analistas consideran que la negativa española a respaldar algunas de las medidas más estrictas impulsadas por Bruselas podría acabar teniendo consecuencias directas sobre la presión migratoria que soporta el país.
Mientras buena parte de Europa avanza hacia un modelo basado en controles más rigurosos y retornos más rápidos de los inmigrantes, España corre el riesgo de consolidarse como una de las principales puertas de entrada al continente si mantiene una aplicación más flexible de las nuevas normas.
Los expertos que defienden un endurecimiento de la política migratoria sostienen que las diferencias entre países pueden influir en las rutas utilizadas por las mafias que trafican con personas y en las decisiones de quienes buscan acceder a territorio europeo.
A ello se suma el impacto económico que podría derivarse de un incremento sostenido de las llegadas de inmigrantes. Los sistemas de acogida, la asistencia social, la atención sanitaria y la gestión administrativa de los expedientes requieren importantes recursos públicos, especialmente en las regiones que soportan una mayor presión migratoria.
Tampoco se descarta que puedan surgir tensiones dentro de la propia Unión Europea. Varios Estados miembros llevan años reclamando una mayor implicación de todos los socios en el control de las fronteras exteriores y en la ejecución de las expulsiones. Una aplicación desigual del pacto podría reabrir el debate sobre el reparto de responsabilidades y sobre la eficacia real de las nuevas medidas.
Más allá de las diferencias entre gobiernos, la entrada en vigor del Pacto sobre Migración y Asilo confirma un cambio de rumbo en la política europea.
Las instituciones comunitarias han asumido buena parte de las demandas que durante años reclamaban varios Estados miembros: más control de las fronteras, procedimientos más rápidos y una mayor capacidad para expulsar a quienes no obtengan protección internacional.
La gran incógnita será comprobar si estas medidas logran reducir la inmigración irregular y si todos los países aplican el nuevo marco con la misma intensidad. En el caso de España, el rechazo a algunas de las herramientas impulsadas por Bruselas anticipa que el debate migratorio seguirá ocupando un lugar central en la agenda política durante los próximos años.
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