Moncloa rescató Duro Felguera sabiendo que era inviable

Pese a ello, la SEPI aprobó un rescate de 120 millones de euros —el mismo día que el de Plus Ultra— a una compañía que, según las propias notas internas del entorno gubernamental, no cumplía los requisitos de solvencia exigidos
Corrupción15 de junio de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

Fachada-de-Duro-Felguera

Pedro Sánchez era plenamente consciente de que Duro Felguera se encaminaba hacia el concurso de acreedores en 2020, según revelan las agendas personales de Leire Díez, figura clave en la denominada trama de las cloacas del PSOE.

En una de sus libretas, fechada el 5 de agosto de ese año, Díez anotó que la ingeniería asturiana “va abocándose a concurso de acreedores”, una situación que, según la normativa europea, debería haber impedido su acceso al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Pese a ello, la SEPI aprobó un rescate de 120 millones de euros —el mismo día que el de Plus Ultra— a una compañía que, según las propias notas internas del entorno gubernamental, no cumplía los requisitos de solvencia exigidos. Seis años después, Duro Felguera continúa pendiente de una resolución judicial que podría evitar, al menos temporalmente, su entrada definitiva en concurso.

Las anotaciones de Díez también mencionan reuniones entre la dirección de la empresa, la SEPI y la banca para abordar una reestructuración financiera que, según sus propias palabras, llegaba tarde.

Además, el caso se entrelaza con otros episodios polémicos: desde la deuda impagada de Venezuela con la compañía —utilizada como argumento político para justificar la visita de Delcy Rodríguez a Madrid— hasta la presencia en el consejo de administración de exministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

pnv-sanchez-1Otra claudicación de Sánchez al separatismo vasco: la entrega del Enclave de Treviño (Burgos)

Alteración de los procedimientos habituales

El rescate, calificado como uno de los más controvertidos gestionados por la SEPI, provocó incluso una parálisis interna en el organismo, cuyos técnicos se negaron a firmar nuevos informes ante el temor de incurrir en responsabilidades penales. La presión política, según diversas informaciones, forzó posteriormente la emisión de dictámenes sin firma y la alteración de los procedimientos habituales.

Este episodio vuelve a situar bajo el foco la gestión de los rescates públicos durante la pandemia y reabre el debate sobre la transparencia y los criterios aplicados en la selección de empresas beneficiarias. Como siempre, conviene contrastar esta información con fuentes oficiales o adicionales.

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