El juez Juan Carlos Peinado esperó a la mañana de este sábado para levantar la tapa de la caja de Pandora. A través de un auto de 84 páginas, el instructor del caso Begoña Gómez mandó a la mujer del presidente del Gobierno al banquillo y le impuso medidas cautelares similares a las más comunes en graves delitos de corrupción.
Dispuso que debe entregar el pasaporte —lo que le impedirá, por ejemplo, acompañar a Pedro Sánchez en viajes internacionales fuera de España— y la obligó a presentarse dos veces al mes en los juzgados más cercanos a su domicilio.
La decisión y la forma en la que la argumentó desató no solo la ira del Gobierno. También la incomprensión de muchos ajenos al Ejecutivo que vieron el gesto como algo desproporcionado. La imposición de medidas ante la cercanía de una vista oral se fundamenta siempre en la existencia de un mayor riesgo de sustracción a la acción de la Justicia cuando el desenlace está próximo, puede implicar condenas altas y opciones de entrar en la cárcel que tienten al acusado con la huida. También en la destrucción de pruebas, imposible ya en esta fase del proceso.
La posición de Gómez como consorte del jefe del Ejecutivo y su evidente notoriedad pública no casan con una fuga, aseguran los críticos. Desde Moncloa se señaló nada más conocerse el contenido del auto que el instructor ha dejado en evidencia "la persecución y la obsesión" de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción "que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos". La resolución es la muestra, dicen, de que Begoña Gómez es una víctima y que Peinado le aplica un rigor excesivo como venganza.
La conmoción fue mayor, si cabe, por la comparación y el contraste con la reciente decisión de otro juez, José Luis Calama, a cargo del caso sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a contar con una solicitud de medidas similares planteada contra el socialista por la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado de la Audiencia Nacional no vio necesario restringir sus movimientos y apuntó que "es una persona pública", lo que según su criterio "dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento".
"Su visibilidad y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual", agregaba.
La fase en la que ambos jueces han determinado las medidas no es, sin embargo, la misma. Calama acaba de comenzar una instrucción que será larga y cuenta con indicios que considera sólidos y que no desvirtuaron la declaración como imputado de Zapatero. Peinado, por su parte, ha terminado ya la investigación, da por probados los delitos cometidos y aprecia que tanto Gómez como su asistente pueden enfrentarse en breve y ante jurado a hasta 16 años de prisión. Su escrito reconoce, eso sí, que no se puede descartar ni una sentencia absolutoria ni una pena mínima.
La comparación con otros casos contra personas de evidente relevancia pública arroja resultados dispares. Iñaki Urdangarín, condenado por el caso Noos, no sufrió medidas cautelares antes de la vista oral más allá de la obligación de tener al juzgado al corriente de su paradero. Tras la resolución de la Audiencia de Palma que desembocaría en su encarcelamiento, se le impusieron comparecencias mensuales en Suiza —donde residía— y tuvo que comunicar sus desplazamientos, pero no hubo retirada del pasaporte.
Las decisiones de Peinado no son firmes. Será la Audiencia Provincial de Madrid la que tenga la última palabra
El exvicepresidente del Gobierno y director del FMI, Rodrigo Rato, sí vio limitada su movilidad. Tras declarar como imputado por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares en 2015, se le retuvo el pasaporte y tuvo que comparecer de forma mensual.
En el bando de los que consideran que la decisión es ponderada y ajustada a las circunstancias procesales de la esposa de Pedro Sánchez, se señalaba tras conocerse el auto que lo que ha quedado demostrado es que ningún ciudadano está por encima de la ley. "No hay nada más democrático y que demuestre que la Justicia funciona que el hecho de que, tras acreditarse una suficiencia indiciaria, cualquier ciudadano (sea quien sea) sea juzgado", destacan desde Hazte Oír, la principal acusación del caso.
La decisión de Peinado, o más bien, la manera en la que la justificó, levantó malestar en otros sectores. El juez ve posible el riesgo de fuga e indica que los policías que escoltan habitualmente a la mujer de Sánchez podrían ayudarla a escapar de la justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores. Dijo que el hecho de que esté siempre custodiada por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado no evita la huida, ya que pueden ser estos los que "colaboren en la acción" para facilitarla.
La Policía Nacional salió en tromba a criticarle. La Confederación Española de Policía (CEP) exigió la rectificación inmediata del magistrado ante sus gravísimas afirmaciones. El ministro Fernando Grande-Marlaska se sumó a los ataques y elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez reclamando medidas en su contra.
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