La investigación sobre el rescate de Plus Ultra y la presunta trama relacionada con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) han revelado una llamativa coincidencia inmobiliaria en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Ambas redes bajo investigación operaron desde dos viviendas separadas por apenas unos metros y vinculadas a una misma familia propietaria.
Los inmuebles, situados en los números 35 y 36 de la calle Diego de León, aparecen asociados a dos procedimientos que han situado bajo el foco judicial a personas relacionadas con el entorno del PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Por un lado, el número 36 de Diego de León habría funcionado como centro de operaciones de la presunta trama de la SEPI. El inmueble fue alquilado por Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la entidad pública y posteriormente detenido en el marco de las pesquisas. Aunque formalmente figuraba como vivienda, los investigadores consideran que el piso era utilizado como despacho y lugar de reunión para actividades que ahora son objeto de análisis judicial.
Según la información incorporada a la causa, desde ese inmueble se habrían desarrollado encuentros y gestiones vinculadas a una supuesta red integrada por nombres como Santos Cerdán, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Las diligencias investigan si la estructura pudo utilizar organismos públicos para favorecer adjudicaciones, rescates empresariales y contratos a cambio de contraprestaciones económicas.
Las pesquisas también señalan que en ese despacho se habría impulsado la creación de un grupo destinado a recabar información de grandes compañías del IBEX 35 y ejercer presión sobre determinadas empresas. Asimismo, la investigación alcanza al empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso, vinculado presuntamente a operaciones mercantiles bajo examen judicial.
A escasos metros de distancia, en el número 35 de la misma calle, se encuentra el ático donde residía Julio Martínez Martínez, conocido como Julito Martínez. Los investigadores lo consideran presunto testaferro del entorno de Zapatero y lo relacionan con operaciones económicas derivadas del rescate de Plus Ultra.
En esa vivienda tenía además su sede social la mercantil Análisis Relevante, la sociedad que, según las pesquisas policiales, habría servido para canalizar fondos procedentes de la aerolínea hacia cuentas vinculadas al entorno del expresidente socialista.
La coincidencia adquirió mayor relevancia el 11 de diciembre de 2025. Ese día, mientras agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban el inmueble del número 36, efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervenían simultáneamente en el ático ocupado por Martínez.
Durante el registro de esta última vivienda, los agentes localizaron 286.070 euros en efectivo ocultos en distintos puntos del inmueble. El dinero apareció repartido en bolsas, cajas y otros compartimentos domésticos, según consta en la investigación.
Fuentes conocedoras del caso señalan que la relación entre ambos pisos no responde a una propiedad conjunta, sino a una coincidencia contractual. Las viviendas pertenecen a dos hermanas, cada una titular de uno de los inmuebles, que alquilaron los pisos en operaciones independientes y sin conocimiento mutuo de la identidad o actividad de los respectivos inquilinos.
La coincidencia no fue conocida por los propietarios hasta la publicación de informaciones que conectaban ambos domicilios con dos de las investigaciones más sensibles que afectan actualmente al entorno del PSOE, la SEPI, el rescate de Plus Ultra y personas próximas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
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