El Gobierno de España se ha marcado como objetivo potencial ampliar hasta 2,3 millones el número de personas que podrían acceder a la nacionalidad española gracias a la conocida popularmente como «Ley de Nietos», una disposición incluida dentro de la Ley de Memoria Democrática.
Según los últimos datos oficiales, más de medio millón de descendientes de españoles en el extranjero ya han obtenido el pasaporte al amparo de esta norma, que permite a hijos y nietos de exiliados o emigrantes regularizar su situación administrativa y adquirir la ciudadanía sin necesidad de residir previamente en España.
La medida, presentada por el Ejecutivo como una reparación histórica para las familias que abandonaron el país durante la Guerra Civil, la dictadura y las posteriores olas migratorias económicas, se ha convertido también en uno de los procesos de nacionalización masiva más amplios de la historia reciente de España.
El mecanismo legal facilita la obtención de la nacionalidad a descendientes de españoles de origen que perdieron o renunciaron a su ciudadanía por exilio, razones políticas, ideológicas o económicas. También contempla a hijos mayores de edad de quienes ya la hayan recuperado recientemente.
En la práctica, esto ha provocado un aluvión de solicitudes en consulados españoles de América Latina, especialmente en países como Argentina, Cuba, México, Venezuela o Uruguay, donde la emigración española fue históricamente muy numerosa. Solo en Buenos Aires se registran colas de meses para tramitar expedientes.
El Ejecutivo calcula que el universo potencial de beneficiarios podría alcanzar los 2,3 millones de personas, una cifra que multiplicaría por cuatro los actuales nacionalizados si todos completaran el proceso.
La ampliación del censo de nuevos ciudadanos ha abierto un intenso debate. Mientras el Gobierno defiende que se trata de un acto de justicia histórica y de refuerzo del vínculo cultural con la diáspora española, la oposición alerta de que la medida puede tener implicaciones electorales, administrativas y presupuestarias de gran calado.
Entre las críticas más repetidas se encuentra el impacto que podría tener sobre la presión consular y burocrática, ya desbordada por el volumen de expedientes; el acceso a derechos sociales y sanitarios si parte de los nuevos nacionales se traslada a España y el posible efecto político al incorporarse nuevos votantes al censo exterior.
Diversos expertos subrayan además que muchos solicitantes no han residido nunca en España, lo que plantea interrogantes sobre el vínculo real con el país más allá del origen familiar.
La ventana para solicitar la nacionalidad continúa activa y, de hecho, el ritmo de peticiones no se ha ralentizado. Fuentes diplomáticas reconocen que los consulados siguen acumulando retrasos de meses e incluso años, lo que obliga a reforzar plantillas y recursos.
En cualquier caso, la «Ley de Nietos» ya ha modificado de forma significativa el mapa demográfico de la ciudadanía española en el exterior. Si se cumplen las previsiones del Ejecutivo, España podría sumar en pocos años millones de nuevos nacionales repartidos por todo el mundo, consolidando uno de los mayores procesos de ampliación del padrón de su historia contemporánea.
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