
Zapatero se reunió con la Fiscalía el mismo día que recibió los datos fiscales del novio de Ayuso
Impacto España Noticias
Una agenda atribuida al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sitúa una reunión con la Fiscalía General del Estado (FGE) el 7 de marzo de 2024, la misma fecha en la que la Secretaría Técnica de la Fiscalía recibió la documentación sobre la investigación al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La información afirma haber tenido acceso a los cuadernos personales del exdirigente socialista, intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante un registro judicial.


La coincidencia temporal cobra relevancia porque ese procedimiento terminó con la condena del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, una sentencia que le supuso dos años de inhabilitación para ejercer el cargo.
Una cita con la Fiscalía el 7 de marzo de 2024
Según la documentación publicada por TO, la agenda de Zapatero recoge que ese día mantuvo varias reuniones. Tras una entrevista con una periodista en el Hotel Santo Mauro y otra con un medio de comunicación en su despacho de la calle Ferraz, el expresidente anotó una reunión a las 17:30 horas con la «FGE», siglas de la Fiscalía General del Estado.

La publicación señala que la agenda no identifica con qué persona concreta se reunió Zapatero, aunque la cita se produjo durante el mandato de Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Público.
Ese mismo día, de acuerdo con los hechos ya acreditados en el procedimiento judicial, Diego Villafañe, entonces número dos del fiscal general, solicitó y recibió el expediente relacionado con la investigación abierta contra Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales.
El inicio de la cadena que acabó con la condena de García Ortiz
El 7 de marzo marcó el comienzo de una secuencia de acontecimientos que desembocó meses después en la condena del entonces fiscal general.
La investigación sobre González Amador había comenzado tras una denuncia de la Agencia Tributaria por posibles irregularidades fiscales correspondientes a ejercicios anteriores. Posteriormente, el abogado del empresario inició conversaciones con la Fiscalía para explorar un posible acuerdo de conformidad.
La situación cambió el 12 de marzo de 2024, cuando varios medios publicaron la existencia de la investigación. Un día después comenzaron diferentes intercambios de llamadas y correos electrónicos entre responsables de la Fiscalía.
Según la sentencia del Tribunal Supremo, durante la noche del 13 de marzo se produjo la difusión de información reservada contenida en esos correos, hechos por los que posteriormente fue condenado García Ortiz.
Las agendas fueron intervenidas por la UDEF
Las agendas en las que aparece anotada la reunión con la Fiscalía fueron incautadas por la UDEF durante el registro practicado en el despacho de Zapatero el 19 de mayo dentro de otra investigación judicial.
Esos cuadernos reflejan además 25 reuniones entre Zapatero y Pedro Sánchez, así como encuentros con una decena de ministros durante los dos últimos años.
Tras conocerse su contenido, el PSOE denunció públicamente la filtración de documentación privada y calificó su difusión como una «gravísima vulneración de la intimidad» del expresidente.
Las reuniones de Villafañe con Leire Díez
La publicación también recuerda que hace apenas dos semanas la propia Fiscalía General del Estado reconoció ante la Audiencia Nacional que Diego Villafañe mantuvo dos reuniones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo entre marzo y abril de 2024.
Según explicó el Ministerio Público al juez Santiago Pedraz, ambos encuentros se celebraron en la sede de la Fiscalía General y tuvieron como objetivo la exposición de una serie de hechos que, según el abogado, podrían tener relevancia penal.
La Fiscalía aseguró posteriormente que ni Álvaro García Ortiz dio instrucciones sobre esas reuniones ni se impulsó actuación alguna, al considerar que las manifestaciones realizadas carecían de soporte probatorio suficiente.
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