Los correos electrónicos recuperados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y aportados al procedimiento judicial han pasado a ocupar un lugar destacado en la investigación sobre varias adjudicaciones tramitadas por Red.es. La documentación, incorporada al atestado remitido al juzgado, recoge conversaciones internas mantenidas entre técnicos que participaron en la evaluación de las ofertas y refleja las dudas, discrepancias y el malestar que algunos de ellos expresaron durante el proceso.
Los correos corporativos de Red.es recuperados por la UCO de la Guardia Civil no sólo documentan un presunto amaño en la adjudicación de contratos millonarios a favor del grupo Barrabés, socio empresarial de Begoña Gómez.
La investigación analiza la adjudicación de contratos en los que concurrieron diversas empresas, entre ellas Barrabés, Everis —actualmente NTT DATA—, Santillana, Awakelab, Datahack y She Herencia. El procedimiento también examina la posible influencia que pudieron tener distintas decisiones adoptadas durante la fase de valoración de las propuestas.
Uno de los nombres que aparece de forma reiterada en el atestado es el de Luis Prieto, entonces director de Economía Digital de Red.es. Según la documentación analizada por la UCO, parte de las conversaciones entre los evaluadores giran en torno a instrucciones que, presuntamente, fueron transmitidas por Prieto para revisar determinadas puntuaciones.
Las comunicaciones también hacen referencia a José Ignacio Sánchez, colaborador de Luis Prieto, quien, de acuerdo con el contenido de los correos incorporados a la investigación, habría trasladado a varios miembros del equipo evaluador las indicaciones relacionadas con la revisión de las calificaciones asignadas a algunas ofertas.
El atestado concede especial importancia a lo sucedido el 16 de marzo de 2021, fecha en la que se produjo un intenso intercambio de mensajes entre varias técnicas responsables de valorar las propuestas presentadas al concurso.
De acuerdo con los correos examinados por la Guardia Civil, las funcionarias comentaban que Luis Prieto había revisado personalmente únicamente algunas de las ofertas presentadas, entre ellas las correspondientes a Barrabés, Everis y Santillana, a pesar de que el procedimiento contaba con un número mucho mayor de licitadores.
Según esos intercambios, tras dicha revisión surgieron instrucciones para modificar la puntuación inicialmente asignada a Everis, circunstancia que generó desacuerdo entre parte del equipo encargado de elaborar los informes técnicos.
Una de las evaluadoras manifestó en los mensajes que no compartía la rebaja planteada para la oferta de Everis. Argumentaba que, desde un punto de vista técnico, no encontraba elementos suficientes que justificaran una reducción tan significativa de la nota obtenida durante la evaluación inicial.
Además, advertía de que una modificación de ese calibre obligaría posteriormente a revisar las calificaciones de otras empresas para evitar que el cambio resultara incoherente respecto al conjunto de valoraciones realizadas.
Pero bajo las risas había una conciencia clara de lo que estaba ocurriendo. Una técnico lo verbalizó sin ambages: «Ya sé que se hace para quitarse de enmedio, pero es que no sé hasta qué punto eso es legal». Y añadió: «Pero lo que no entiendo es por qué hay que bajar a las otras».
Intentaban explicarse la lógica perversa que imperaba: «No se puede justificar la bajada de Everis más, lo que implica disimular con una bajada de las mejores en general.» Porque bajar a Everis –ahora llamada NTT DATA– de forma tan drástica sin bajar también a otras empresas con puntuaciones similares habría resultado demasiado evidente.
Estas evaluadoras eran también conscientes de que otras empresas merecían mejor trato. Sobre la oferta formativa de empresas como Awakelab o Datahack, que habían recibido notas muy bajas en criterios valorados por otras personas, una reconoció: «Me extraña muchísimo que tengan tan malas notas en los otros criterios y yo le haya puesto tan buena». Sobre She Herencia, una admitió: «Es que realmente es buena la parte formativa». Aun así, no rivalizó con Barrabés.
La conclusión a la que llegaron fue la de quien ha agotado todas las opciones: «Así que se lo justificamos a ellas y listo, es lo que hay». La otra añadió: «Pues debería contar más la verdad, que al final es un pliego de formación».
Según recoge el atestado, la respuesta trasladada por José Ignacio Sánchez fue que el informe definitivo sería firmado por Luis Prieto y que las valoraciones debían adaptarse a las instrucciones recibidas.
Fue precisamente ese momento el que dio lugar a algunas de las conversaciones internas más relevantes incorporadas a la investigación. En ellas, varias técnicas expresaban su incomodidad por la situación que estaban viviendo y compartían entre sí dudas acerca del desarrollo del procedimiento.
En distintos mensajes aparecían expresiones que evidenciaban su preocupación. Algunas calificaban lo que estaba ocurriendo como una manipulación y reconocían que les resultaba contradictorio defender la objetividad del trabajo técnico mientras observaban modificaciones en las puntuaciones.
Los intercambios alternaban comentarios irónicos con reflexiones más serias. En uno de ellos, incluso se planteó, en tono de broma, si sería posible invocar una especie de "objeción de conciencia" para evitar participar en decisiones con las que no estaban conformes.
Sin embargo, tras ese tono distendido seguían apareciendo preguntas sobre hasta qué punto determinadas actuaciones podían ajustarse a la normativa aplicable.
Entre ellas comentaron la situación con una mezcla de indignación y resignación: «Por lo visto, si no, amenaza con no firmar el informe». La respuesta de la interlocutora fue inmediata: «Vaya manipulación».
Y a continuación, con el sarcasmo propio de quien ya ha asumido que no puede hacer nada: «¡Y yo que siempre defiendo la objetividad de nuestro trabajo!».
La conversación derivó hacia el absurdo cuando una preguntó, mitad en broma, mitad en serio: «¿No se puede alegar objeción de conciencia? Le respondieron con un escueto: «jajaja».
Otro de los aspectos reflejados en las conversaciones era la dificultad para justificar técnicamente la rebaja de la puntuación de Everis.
Según el contenido atribuido a los correos, una de las evaluadoras consideraba que la modificación no podía sostenerse únicamente con argumentos técnicos y que, para mantener cierta coherencia, sería necesario ajustar también las notas obtenidas por otras empresas que habían recibido valoraciones similares.
Las técnicas debatían sobre la conveniencia de introducir esos cambios y trataban de comprender cuál era el criterio seguido para revisar únicamente determinadas ofertas.
El atestado señala que esas conversaciones forman parte del material probatorio incorporado al procedimiento y que los investigadores las consideran relevantes para reconstruir el desarrollo del proceso de evaluación.
Los correos también contienen comentarios sobre varias de las empresas que concurrieron al procedimiento.
Respecto a Awakelab y Datahack, algunas técnicas mostraban sorpresa por las puntuaciones obtenidas en determinados apartados, al entender que existían aspectos que merecían una valoración diferente.
Algo similar ocurría con She Herencia, cuya propuesta formativa era considerada positivamente por alguna de las evaluadoras pese a que la calificación global finalmente obtenida no reflejaba plenamente esa impresión.
Estas conversaciones forman parte del conjunto de indicios que la UCO ha incorporado a su análisis para determinar cómo evolucionaron las valoraciones durante el proceso.
Más allá de las cuestiones técnicas, los mensajes reflejan también el desgaste profesional de quienes participaron durante semanas en el estudio de decenas de ofertas.
Una de las técnicas lamentaba el esfuerzo invertido en analizar toda la documentación presentada por las empresas participantes para comprobar posteriormente que algunas decisiones podían terminar modificando el resultado del trabajo realizado.
Otra empleada manifestaba que, si determinadas decisiones ya estaban adoptadas de antemano, prefería no verse involucrada en ellas y consideraba que debían ser asumidas directamente por quienes ocupaban puestos de responsabilidad.
En otra parte de la conversación, una trabajadora hacía referencia a su situación profesional dentro del organismo, indicando que continuaba desempeñando funciones como técnico junior y que llevaba años con la remuneración congelada, circunstancia que, según explicaba, aumentaba su desmotivación.
Además del contenido de los correos electrónicos, la UCO examinó los informes de valoración incorporados al expediente administrativo.
Según el atestado, algunas de las modificaciones realizadas posteriormente en esos documentos no llegaron a armonizar completamente las puntuaciones finales con las justificaciones técnicas incorporadas a los informes.
Los investigadores sostienen que permanecieron discrepancias entre determinadas valoraciones individuales y la documentación definitiva utilizada para la adjudicación, aspecto que también forma parte del análisis desarrollado durante la investigación.
La investigación judicial continúa su curso y será el órgano judicial competente quien determine, tras valorar el conjunto de las pruebas, si existieron o no irregularidades durante la adjudicación de los contratos objeto del procedimiento.
En la causa aparecen mencionados, entre otros, Luis Prieto, José Ignacio Sánchez, Begoña Gómez y la empresa Barrabés, además de otras sociedades participantes en la licitación como Everis (NTT DATA), Santillana, Awakelab, Datahack y She Herencia.
Los correos electrónicos analizados por la UCO constituyen una parte relevante del material incorporado al procedimiento, pero será el desarrollo del proceso judicial y la valoración de todas las pruebas la que determine el alcance jurídico de los hechos investigados y las posibles responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse.
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