EEUU temió que la Fiscalía de Sánchez frenara a Anticorrupción en el caso Zapatero

El proceso judicial que ha desembocado en la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido un seguimiento exhaustivo de parte de EEUU y su Departamento de Estado, cuyos funcionarios han expresado en varias comunicaciones sus dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado y la posible influencia del papel del Ministerio Público en la instrucción de la causa de Plus Ultra. 

Así lo recoge la exclusiva firmada por Isaac Blasco en VP Revela que el Departamento de Estado de Estados Unidos siguió con atención el proceso judicial que culminó con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según comunicaciones diplomáticas, Washington expresó su preocupación por la posible interferencia de la Fiscalía General del Estado en la labor de Anticorrupción, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

Los informes norteamericanos apuntan a que la Administración estadounidense pidió a sus enlaces en Madrid información sobre presiones internas que pudieran afectar la independencia del Ministerio Público. En febrero, las autoridades de EEUU ya habían mostrado inquietud por el papel de la UDEF como Policía Judicial, aunque posteriormente destacaron la “excelente cooperación” con las fuerzas españolas.

Injerencias de Peramato

Sin embargo, en mayo las alarmas se reactivaron tras una orden de la fiscal general Teresa Peramato al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para mantener la pena contra el empresario Víctor de Aldama en el llamado caso mascarillas.

El carácter jerárquico del Ministerio Público y la decisión de Luzón de acatar la instrucción reforzaron las sospechas de Washington sobre una posible “desactivación” de Anticorrupción.

Diplomacia de EEUU

Las fuentes citadas aseguran que la diplomacia estadounidense ha estado monitorizando los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, con especial atención al de Zapatero.

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La tensión alcanzó su punto máximo el 19 de mayo, cuando el expresidente fue imputado por tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal. Ese mismo día, el Departamento del Tesoro desplegó agentes en el aeropuerto de Santo Domingo para impedir su viaje a Caracas, ante la sospecha de que pretendía ocultar pruebas en Venezuela.

La inclusión de Zapatero en la lista de la OFAC, que conlleva sanciones financieras y restricciones de entrada en EEUU, fue interpretada como un alivio por la Administración Trump, que veía con escepticismo el avance de la causa en España.

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