Imputan a la exdirectora del Instituto de las Mujeres por los contratos de los puntos violeta

Parte de los hechos anteriores coincidieron a su vez con el paso de García por el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, las sospechas surgen ante un eventual conflicto de intereses al situarse en los dos lados del tablero político, como miembro de la Administración y como proveedora.

El titular del juzgado no citó a García y su pareja, también imputada, en el comienzo de la investigación. Optó, en cambio, por solicitar información a diferentes organismos con los que o bien completar los indicios delictivos o bien descartarlos. Ahora, más de un año después del arranque del caso, es cuando se han producido las citaciones. Las comparecencias se celebrarán el próximo mes de octubre.

García y su pareja pueden acogerse a su derecho a guardar silencio o a contestar únicamente a las preguntas que consideren oportunas. También pueden elegir no responder a la acusación popular que, en este caso, representa Manos Limpias, como suele ocurrir en asuntos de similar naturaleza. Y, por supuesto, como imputadas no tienen la obligación de decir la verdad.

Tras las declaraciones, el titular del juzgado deberá decidir si sigue adelante con el procedimiento o descarta la existencia de indicios. También podría continuar con nuevas diligencias.

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La investigada ya pidió en su momento el archivo de las pesquisas ante la falta de indicios. Mantiene que la denuncia está construida a partir de sospechas genéricas –las incriminaciones destacan por su inconcreción– y que no existe ni un solo indicio de que ella influyera directamente «y de manera ilegal» en esas contrataciones.

Pero, de momento, la Audiencia ha validado la instrucción del juzgado y respalda las principales diligencias de investigación, como el análisis de las cuentas de las mercantiles Elig e Imber, las dos mercantiles bajo sospecha. De igual modo, considera acertado que los Ayuntamientos informen de las contrataciones que tuvieron con estas dos sociedades.

La Guardia Civil ha reconstruido la vida laboral de García y su pareja, también investigada en este procedimiento y que ha trabajado como asesora gubernamental en algún periodo. Los agentes establecen 2015 como punto de partida de su carrera política. Fue diputada provincial en el primer gobierno del Botánico, época en la que se creó en la provincia de Valencia la red de municipios contra la violencia de género.

La principal empresa bajo sospecha, Elig Consultoría, logró un facturación de 343.000 euros de una treintena de entidades. Todos estos ingresos, según un informe que consta en la causa, procedían de Ayuntamientos de la provincia de Valencia.

Otra de sus empresas facturó 17.000 euros. Las mercantiles siempre realizaron actividades relacionadas con la igualdad y la diversidad. Por ejemplo, ofrecieron servicios de consultoría política de igualdad promoviendo políticas inclusivas y asesoraron a gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, federaciones deportivas y empresas privadas en el desarrollo de políticas de igualdad, según consta en su web.