La juez Inmaculada Lova Ruiz, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 35 de Madrid, ha acordado abrir diligencias preliminares contra la hermana del ministro de Transportes Óscar Puente, Sofía Puente, al hilo de la instrucción dictada por esta sobre la ley de nietos, durante su etapa como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Así lo ha hecho constar la magistrada, en una providencia, tras examinar la querella por prevaricación administrativa presentada por los abogados de Hazte Oír, y la ampliación posterior de la misma -apoyada en las informaciones publicadas por este diario sobre la materia- ha decidido asignarle un número de procedimiento y dar «traslado» al Ministerio Fiscal «para que emita informe sobre su admisión y diligencias a practicar», antes de tomar una decisión al respecto. Lo que no significa que la pequeña de los Puente esté imputada.
Según han informado fuentes jurídicas, en función de la postura de la Fiscalía y del resto de partes personadas en las actuaciones, la juez podrá decretar, entonces sí, la apertura de una investigación formal contra Puente, quien, según la tesis de la acción popular, amplió de manera «dolosa» los requisitos para la nacionalización de descendientes de españoles emigrados de nuestro país; o, por el contrario, rechazar la práctica de pesquisas, por falta de indicios delictivos suficientes, y archivar el asunto en un cajón.
Cabe recordar que, Hazte Oír consignó hace unos días un nuevo escrito en sede judicial, adjuntado varias noticias publicadas como un nuevo indicio, «el séptimo» del «dolo directo de la querellada» cuando, presuntamente, como directora general de Seguridad Jurídica y Fe pública del Ministerio de Justicia, alteró el «tenor literal de la norma» que regula las nacionalizaciones de descendientes de españoles residentes en el extranjero.
Y es que, de acuerdo a las revelaciones periodísticas de este diario, pese a que Sofía Puente defendió por escrito, en octubre de 2022, fecha en la que fue publicado el texto legal, que la Instrucción dictada desde su departamento «se ceñirá siempre al texto de la ley», el día 25 de ese mismo mes, firmó una polémica autorización en la que se «dispensa el requisito esencial» de la ley, tal y como ha denunciado Hazte Oír.
Una resolución que no atiende, según la acción popular, a la exclusión de la posibilidad de beneficiar como españoles a los hijos, nietos o bisnietos de los emigrados por razones económicas y que no fue fruto de «un error, ni un descuido». La decisión administrativa «exterioriza claramente el conocimiento previo de la ilegalidad de lo que después resolvió», Puente, insiste la entidad en su ampliación.
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