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Víctor de Aldama ha elevado el tono de sus acusaciones contra el entorno del Gobierno y del PSOE. En el escrito de contestación a la demanda por vulneración del derecho al honor presentada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al que ha tenido acceso en exclusiva ABC.
Aldama sostiene que personas vinculadas al ministro y al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, intentaron «comprar su silencio» mediante una importante oferta económica para impedir que colaborara con la Justicia en el denominado caso Koldo.
Según el documento judicial, los contactos se produjeron entre marzo y julio de 2024, coincidiendo con el estallido del caso Koldo y con la decisión de Aldama de comenzar a colaborar con la Fiscalía y aportar información sobre la presunta trama de corrupción. El empresario asegura que las conversaciones no fueron dirigidas directamente a él, sino a su hombre de confianza y responsable de comunicación, Ramón Bermejo.
La defensa de Aldama aporta al juzgado registros telefónicos y facturas que, según sostiene, acreditan llamadas procedentes tanto del Congreso de los Diputados como de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz.
El objetivo de esos contactos habría sido ofrecer una cantidad de dinero para que el empresario no aportara «información o documentación sensible» que pudiera comprometer a altos cargos del Ejecutivo y del Partido Socialista.
En el escrito se identifica expresamente al exjefe de Gabinete de Félix Bolaños, Rafael Oñate Molina, así como a Patricia Gervasio, asesora del PSOE en el Congreso y secretaria personal de Santos Cerdán, además de la jefa de prensa de este último, Victoria Luna, entre las personas relacionadas con dichas comunicaciones.
Fuentes socialistas consultadas niegan cualquier intento de soborno, aunque reconocen la existencia de algunas llamadas entre personal del partido y el entorno de Aldama.
La contestación judicial también incorpora una referencia a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Según la versión de Aldama, Bermejo le remitió un mensaje de WhatsApp informándole de lo que estaba ocurriendo, aunque, siempre según esta versión, nunca obtuvo respuesta.
La defensa del empresario sostiene además que los contactos no se limitaron a las llamadas incorporadas al procedimiento y afirma que existieron otras comunicaciones que podrían acreditarse mediante requerimientos a las compañías telefónicas. Incluso apunta a reuniones presenciales con un abogado próximo al PSOE para concretar el supuesto ofrecimiento económico.
Estas acusaciones se producen en el marco de la demanda civil presentada por Félix Bolaños contra Aldama, en la que el ministro reclama una indemnización de 70.000 euros por considerar que las manifestaciones del empresario lesionaron su derecho al honor. Será el procedimiento judicial el que deba determinar ahora la veracidad de las afirmaciones contenidas en el escrito y el alcance de la documentación aportada por la defensa del empresario.
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