
preguntas de un niño que de los discursos de un hombre”

Impacto España NoticiasHay declaraciones que merecen una rectificación inmediata. No porque sean incómodas, sino porque resultan profundamente insensibles. Si el periodista y tertuliano Javier Aroca afirma que no hay que derramar "ni una lágrima por Madrid" en medio de una tragedia como la provocada por los incendios, no estamos ante una crítica política a Isabel Díaz Ayuso o al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Estamos ante unas palabras que muchos ciudadanos pueden interpretar como una falta de empatía hacia quienes están sufriendo las consecuencias de una catástrofe.
Y tan preocupante como las palabras de Aroca es el hecho de que se produzcan en un espacio de Televisión Española (TVE), una corporación pública sostenida con los impuestos de todos los españoles.


Una televisión pública debe garantizar el pluralismo y el debate. Pero pluralismo no significa convertir el desprecio o la deshumanización del adversario político en un contenido normalizado. Existe una diferencia evidente entre cuestionar la gestión de un gobierno y lanzar mensajes que parecen minimizar el sufrimiento de miles de ciudadanos.
Los incendios no distinguen entre votantes de izquierdas o de derechas. Tampoco preguntan quién gobierna una comunidad autónoma antes de destruir viviendas, arrasar montes o poner vidas en peligro. Cuando una tragedia golpea a cualquier territorio español, la primera respuesta debería ser la solidaridad. Siempre.
Isabel Díaz Ayuso es una figura política enormemente polarizadora. Sus decisiones son objeto de debate diario y forman parte del legítimo enfrentamiento democrático. Nadie cuestiona el derecho a criticar a la presidenta madrileña con dureza.
Pero una cosa es criticar a Ayuso y otra muy distinta extender ese rechazo hacia Madrid o transmitir la idea de que una tragedia que afecta a los madrileños merece menos compasión por razones políticas.
Cuando el adversario deja de ser un dirigente político y pasa a ser una comunidad entera, el debate democrático se degrada.
Porque detrás de la palabra "Madrid" hay bomberos que arriesgan su vida, vecinos evacuados, familias que han perdido sus propiedades, agricultores, voluntarios y ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad en la confrontación política.
La responsabilidad de RTVE es mayor que la de cualquier televisión privada.
No pertenece a un grupo empresarial ni responde a intereses comerciales. Pertenece a todos los españoles.
Por eso sus estándares deben ser más exigentes.
Los espectadores tienen derecho a esperar una programación donde exista pluralidad ideológica, sí, pero también un mínimo respeto institucional y humano.
Cuando un colaborador realiza unas declaraciones tan polémicas, la cuestión no es únicamente si tiene derecho a expresarse. Ese derecho existe.
La pregunta es otra.
¿Considera TVE que esas palabras representan el nivel de rigor y de respeto que debe ofrecer una televisión pública?
Porque seleccionar colaboradores también es una decisión editorial.
Y las decisiones editoriales tienen consecuencias sobre la credibilidad de una institución.
No es ningún secreto que RTVE lleva años siendo objeto de críticas por parte de distintos partidos políticos, gobiernos y sectores sociales, que han cuestionado su imparcialidad en diferentes etapas. Esa percepción, compartida por una parte de la ciudadanía, hace que cada nueva controversia sea examinada con especial atención.
Cuando un tertuliano protagoniza unas declaraciones que muchos espectadores consideran ofensivas y la cadena no marca distancias con claridad, la sensación de parcialidad puede intensificarse.
No se trata de exigir unanimidad ideológica.
Se trata de recordar que la televisión pública debe aspirar a ser un espacio de encuentro, no un escenario donde la confrontación política termine contaminando incluso la forma de hablar de una tragedia.
Imaginemos el escenario contrario.
Imaginemos que un colaborador hubiera afirmado que no merece la pena derramar "ni una lágrima" por una comunidad autónoma gobernada por el PSOE o por cualquier otro partido.
¿Habría pasado inadvertido?
¿Se habría considerado una simple opinión más?
¿O se habría abierto un intenso debate sobre la banalización del sufrimiento, el discurso de odio y los límites del debate público?
La coherencia exige aplicar el mismo criterio en todos los casos.
Las víctimas merecen respeto independientemente de quién ocupe el despacho presidencial de su comunidad autónoma.
España atraviesa un momento de enorme crispación política.
Cada vez resulta más frecuente que el adversario sea tratado como un enemigo al que no solo hay que derrotar políticamente, sino también desacreditar moralmente.
Ese clima termina teniendo consecuencias.
Cuando el sufrimiento de una comunidad puede convertirse en motivo de burla o de indiferencia, significa que algo se ha roto en la conversación pública.
Y los medios de comunicación, especialmente los públicos, deberían contribuir precisamente a reconstruir ese espacio de convivencia.
La controversia protagonizada por Javier Aroca se suma a otras polémicas que han afectado a colaboradores y periodistas vinculados a RTVE. En los últimos años, comunicadores como Javier Ruiz y Jesus Cintora han sido objeto de denuncias, reclamaciones y acusaciones públicas relacionadas con la difusión de informaciones que diversos sectores políticos y sociales calificaron de falsas o engañosas. En algunos de esos episodios, las informaciones fueron posteriormente rectificadas, matizadas o desmentidas, mientras que en otros la controversia se trasladó al ámbito político y judicial.
Al margen del recorrido o resultado de esas actuaciones, estos episodios han contribuido a alimentar el debate sobre la necesidad de que una televisión pública extreme los controles de rigor, verificación e imparcialidad. RTVE no solo debe garantizar el pluralismo, sino también preservar la confianza de la ciudadanía evitando que sus espacios puedan verse asociados a polémicas recurrentes sobre la veracidad de determinadas informaciones o sobre la neutralidad de algunos de sus colaboradores.
La credibilidad de un medio público es uno de sus principales activos. Cuando una parte de la audiencia percibe que determinados profesionales acumulan controversias relacionadas con el rigor informativo o la imparcialidad, la dirección de la corporación tiene la responsabilidad de reforzar los mecanismos de control editorial y de exigir el máximo nivel de precisión y responsabilidad a quienes participan en sus programas.
Javier Aroca es responsable de sus palabras.
Pero TVE también es responsable de decidir qué mensajes considera compatibles con el servicio público.
Nadie pide censura.
Lo que sí cabe exigir es responsabilidad editorial, sensibilidad y respeto hacia todos los ciudadanos.
Porque una televisión pública no puede permitirse transmitir la impresión de que el dolor merece distinta consideración según quién gobierne el territorio afectado.
Las tragedias no deberían utilizarse como arma política.
Y mucho menos desde una cadena que pertenece a todos los españoles.
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