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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado nuevas diligencias patrimoniales para esclarecer el destino del dinero investigado en el caso Plus Ultra. El rastreo alcanza al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a sus hijas, a su socio Julio Martínez y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, mientras la UDEF examina también las cuentas y operaciones compartidas por el exdirigente socialista y su mujer, Sonsoles Espinosa.
La resolución permite a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional investigar cerca de 60 productos bancarios vinculados a los investigados y a distintas sociedades. El objetivo es reconstruir los movimientos económicos realizados desde enero de 2020 y comprobar si los ingresos declarados permiten justificar determinadas adquisiciones y pagos.
El eje de la causa continúa siendo el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Plus Ultra en 2021. Los investigadores tratan de determinar si Zapatero empleó su influencia política para facilitar la ayuda pública a la aerolínea y recibió a cambio pagos canalizados mediante consultoras y sociedades como Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez.
Según las pesquisas, Zapatero habría recibido 490.780 euros de Análisis Relevante por supuestos servicios profesionales. La investigación analiza si las facturas por asesorías e informes sirvieron para encubrir comisiones y dificultar el seguimiento del dinero a través de una red societaria con conexiones internacionales.
Una de las personas situadas en el centro de las nuevas diligencias es Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero y colaboradora del expresidente desde su etapa al frente del PSOE. La UDEF atribuye a Alcázar un papel relevante en la gestión de la documentación, las comunicaciones y la agenda relacionadas con los negocios privados del exjefe del Ejecutivo.
Los agentes han localizado mensajes y correos en los que Alcázar consultaba conceptos e importes para elaborar facturas, gestionaba desplazamientos y coordinaba contactos. La Policía la sitúa como un enlace operativo entre Zapatero, las empresas investigadas y otros integrantes del entramado.
El juez ha autorizado ahora el análisis de sus cuentas después de que los investigadores detectaran la compra de una vivienda por 132.000 euros sin financiación hipotecaria. La UDEF quiere determinar el origen de los fondos empleados en la operación y comprobar si la adquisición encaja con la capacidad económica declarada por Alcázar.
La secretaria fue investigada junto a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, vinculadas a la sociedad Whathefav. Tras ser citada por la comisión del Senado sobre el rescate de Plus Ultra, Alcázar se acogió a su derecho a no declarar por su condición de investigada.
Zapatero ha defendido su actuación y ha asegurado que trabajaba bajo sus instrucciones. Sin embargo, para los investigadores su intervención documental y administrativa puede resultar decisiva para reconstruir las operaciones y determinar quién ordenaba, justificaba y ejecutaba los pagos.
Las pesquisas alcanzan también a Sonsoles Espinosa por las operaciones patrimoniales y bancarias compartidas con su marido. Una cuenta conjunta del matrimonio recibió alrededor de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025, según la documentación incorporada a la causa.
En esa cuenta figuran transferencias procedentes de Análisis Relevante por 490.780 euros. Calama acordó bloquear esa cantidad ante la sospecha de que pudiera estar relacionada con los hechos investigados.
La UDEF examina además la compra en febrero de 2024 de una vivienda en Madrid por 580.000 euros. Zapatero y Espinosa contrataron una hipoteca de 500.000 euros, pero cancelaron el préstamo sólo once meses después mediante una transferencia de 498.000 euros ordenada desde una cuenta utilizada por la mujer del expresidente.
Zapatero sostiene que el dinero procedía de la venta de otra vivienda familiar situada en Aravaca. Los investigadores analizan, no obstante, los movimientos previos entre las cuentas del matrimonio porque una de ellas recibió fondos de empresas vinculadas a la presunta trama.
Sonsoles Espinosa no figura entre los principales investigados por la supuesta organización. Su presencia en las diligencias deriva de la titularidad compartida de las cuentas, de la operación hipotecaria y del patrimonio común con Zapatero. Cualquier eventual responsabilidad dependerá del resultado del rastreo bancario y de que pueda acreditarse que conocía el posible origen ilícito de los fondos.
Hacienda mantiene, a su vez, una inspección sobre Zapatero, su mujer, sus hijas y Julio Martínez. Calama ha rechazado paralizar esas actuaciones al considerar que la investigación penal y la comprobación tributaria abordan ámbitos distintos.
La causa permanece en fase de instrucción. Zapatero niega haber cometido delito y su defensa ha cuestionado la validez de distintas diligencias. El nuevo rastreo pretende aclarar si los pagos recibidos por el expresidente respondieron a trabajos reales o fueron la contraprestación por su intervención en el rescate de Plus Ultra, así como establecer qué parte del dinero terminó en el patrimonio de su entorno familiar y profesional.
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